Ciudad de Guatemala (AFP) – La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió este miércoles la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de la ONU, que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.
La decisión del gobierno de cerrar la Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, dada a conocer por el mandatario el lunes, desató una batalla judicial y exacerbó las tensiones políticas en el país.
La CC dejó este miércoles sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la Cicig, según la resolución divulgada a la prensa.
Al aceptar los recursos legales, quedó «en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala» relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo.
El mandato de la misión se extendía hasta el 3 de setiembre de este año.
El gobierno respondió en un escueto comunicado en el que aclaró que hará un pronunciamiento oficial después de analizar la resolución.
La CC exhortó a las autoridades a instruir a los funcionarios de las dependencias a su cargo a que faciliten el funcionamiento de la Cicig.
Horas después de dar a conocer el fallo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó tramitar el proceso para revocar la inmunidad a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que avalaron la permanencia de la Cicig, al considerar que ese tribunal «se excedió en sus funciones» en otro caso, según anunció un portavoz.
La denuncia contra los magistrados es ajena a las resoluciones con la misión de la ONU, y responde a la decisión de la CC, compuesta por cinco miembros, de frenar la salida del embajador de Suecia, Andrés Kompass, solicitada en mayo del año pasado por el Ejecutivo guatelmalteco.
Ahora el expediente será remitido al Congreso -donde el equilibrio de fuerzas es favorable a Morales-, para una votación sobre el retiro de la inmunidad de los magistrados. Si pierden los fueros, los jueces serán objeto de una investigación.
– Convulsión –
La decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano de la misión Yinel Osorio, finalmente admitido amparado por una orden de la justicia.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios alzaron la voz y pidieron al mandatario revertir la medida.
En tanto, el gobernante recibió el apoyo de la poderosa cúpula empresarial, sectores conservadores y políticos de derecha.
Los juristas también están divididos sobre la posible ilegalidad de la decisión de acabar con el acuerdo Cicig: unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la CC, que avaló la presencia del organismo en el país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el lunes en una primera reacción al anuncio que la Cicig continuaría su mandato hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, la misión activó el martes un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país «hasta nuevo aviso» como medida de seguridad.
Decenas de personas se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en apoyo a los cuatro magistrados de la CC que suspendieron el cierre de la Cicig y antes de iniciar la actividad sacerdotes mayas realizaron una ceremonia típica.
La CC es la máxima instancia legal en el país, al estar encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución.
Autoridades ancestrales y organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles, entre otras, llamaron a una movilización nacional el lunes 14 para manifestar el rechazo a las «acciones ilegales e ilegítimas, el rompimiento del estado de derecho, violaciones a la Constitución y las acciones que llevan al aislamiento internacional» cometidas por el gobierno, según la convocatoria.
Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero.
La situación se agravó en 2017, cuando el presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.
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