Ciudad de Guatemala (AFP) – La exfiscal Thelma Aldana (2014-2018), una de las favoritas para ganar la presidencia en las elecciones de junio, enfrenta una encrucijada judicial por denuncias de corrupción que puede desmoronar sus aspiraciones a gobernar Guatemala.
Los juristas tienen opiniones encontradas sobre el futuro legal de la exfiscal: algunos consideran que puede ser detenida por tener una orden de captura vigente, mientras que otros estiman que esa orden es improcedente porque tiene inmunidad al estar inscrita como candidata presidencial.
El caso es inédito en este país centroamericano porque el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió la candidatura de Aldana el lunes, el mismo día que un juez giró una orden de captura en su contra por cargos de peculado, falsedad ideológica y defraudación tributaria.
La orden de detención fue filtrada a los medios de comunicación y luego Mario Siekavizza, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó la medida aunque sin detallar el caso por el que fue requerida su aprehensión.
Aldana ha sido denunciada judicialmente por rivales políticos por la supuesta compra anómala de un edificio para el Ministerio Público y la posible creación de plazas ficticias durante su gestión.
La exfiscal, lanzada por su pequeño partido de centroizquierda Semilla, aparece en segundo lugar en la intención del voto en encuestas privadas, detrás de la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, quien fue esposa del exmandatario Álvaro Colom (2008-2012).
Los guatemaltecos irán a las urnas el 16 de junio para elegir al presidente que sustituirá a Jimmy morales, 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.
Aldana fue protagonista en 2015 de una histórica lucha contra la corrupción al revelar, junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, la operación de una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos.
El caso involucró como cabecilla al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien se vio obligado a renunciar cuatro meses antes del fin de su mandato y ahora en prisión preventiva espera ser juzgado. La exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros altos funcionarios del gobierno también fueron encarcelados por este y otros escándalos.
– El dilema legal –
Para el penalista Marco Canteo la detención de la exfiscal, quien se encuentra en El Salvador por motivos de trabajo político, es inviable porque cuenta con inmunidad y tendrá que ser la CSJ la que revoque ese derecho para procesarla a solicitud de la Fiscalía.
La Ley Electoral establece que, desde el momento en que quedan inscritos los candidatos a presidente y vicepresidente no podrán ser detenidos ni procesados a menos que pierdan la inmunidad por una acusación penal en su contra.
Los otros candidatos que obtienen inmunidad de manera inmediata son los aspirantes a diputados y a alcaldes.
En tanto, el abogado David Pineda dijo a periodistas locales que Aldana debe presentarse ante un juez para comprobar que no puede ser capturada y además todavía no tiene la credencial del TSE que confirma que goza de inmunidad.
Pineda aseguró que aunque la exfiscal gozara de inmunidad podría ser capturada porque existe una orden vigente y carece de la credencial.
En tanto, el analista en temas jurídicos, Javier Monterroso, coincide con Pineda en que la orden de aprehensión está vigente y que existe jurisprudencia por casos en los que ese fuero no aplica para hechos previos a la obtención de la inmunidad.
Sin embargo, el representante de Semilla, Samuel Pérez, sostuvo de su lado, que la orden de captura es promovida por grupos asociados a la corrupción y partidos políticos tradicionales.
«Toda esta estrategia queda en evidencia que no tenían ningún sustento. La inscripción (de Aldana) va a quedar en firme y estamos preparados para empezar la campaña con mucha fuerza», concluyó Pérez.
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