Bruselas (AFP) – La Eurocámara reclamó este jueves la «suspensión inmediata» de la elección presidencial en Venezuela del 20 de mayo, al considerar que no reúne las condiciones necesarias para unas elecciones «libres, creíbles, transparentes e inclusivas«.
«En las circunstancias actuales, el Parlamento Europeo no puede reconocer las elecciones que resulten de este proceso ilegítimo», subrayan los eurodiputados en una resolución aprobada por 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones.
Los comicios son rechazados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por considerar que no ofrecen garantías de transparencia.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que aspira a su reelección, restó importancia la víspera a un eventual reconocimiento por parte de la UE y Estados Unidos. «¿Qué carajo me importa, si me reconoce el noble pueblo de Venezuela?», dijo durante un mitin en el norte del país.
Poco antes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, había pedido en Bruselas un calendario electoral «acordado y creíble», para unas elecciones «libres y justas». El proceso electoral será «limpio y modelo», defendió este jueves Maduro en una tribuna en el diario El País.
Los eurodiputados recuerdan en su resolución, impulsada por los grupos conservadores y liberal, que sólo reconocerán unas elecciones «basadas en un calendario electoral viable», «acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos relevantes» y con «unas condiciones de participación equitativas».
La Eurocámara, que en 2017 otorgó el premio Sájarov de derechos humanos a la oposición venezolana, pidió además «la liberación de los presos políticos» y la «composición equilibrada» del Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta Tibisay Lucena es objeto de sanciones europeas.
En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones consistente en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna». Y, en enero, ampliaron sus sanciones con medidas como la prohibición de visados para siete altos cargos del país.