Lima (AFP) – El partido más votado de Perú, el fujimorista Fuerza Popular, quedó sumido este martes en una crisis interna, con el alejamiento de prominentes miembros, en la víspera de que la justicia decida si manda a prisión a su líder, Keiko Fujimori.
La agrupación derechista, que controla el Congreso y es la principal fuerza opositora del país, ingresó a una fase de «reestructuración» en el momento más crítico del fujimorismo, cuando cunde una sensación de desbande entre sus legisladores.
“Hemos puesto nuestros cargos a disposición para que por primera vez tomemos decisiones juntos,antes el Comité Político tomaba decisiones en las cuales no hemos participado, pero teníamos que ejecutar los acuerdos”, dijo el martes la congresista Ursula Letona, vocero de Fuerza Popular, al anunciar la renuncia de la cúpula partidaria.
La renuncia de la cúpula incluye a dos polémicos asesores y al Comité Ejecutivo Nacional, quienes integran el férreo entorno de su líder Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
A esas turbulencias se suma la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de distanciarse temporalmente como militante del partido y la renuncia a sus filas del legislador Francesco Petrozzi, quien acusó al partido de ser «sectario».
«Presento mi licencia temporal como miembro del grupo parlamentario Fuerza Popular, con el fin de mantener la imparcialidad que ha primado en cada una de mis decisiones como presidente del Congreso», escribió Salaverry en una sorpresiva carta enviada el lunes a la directiva del partido.
La crisis interna saltó a la vista cuando se hizo pública una reunión de cinco legisladores fujimoristas con el presidente Martín Vizcarra la semana pasada, mientras Keiko estaba detenida en el marco de la investigación por lavado de activos debido a los presuntos aportes de la brasileña Odebrecht a su campaña.
La legisladora fujimorista Luz Salgado minimizó el impacto diciendo que en el partido conviven «diferentes posiciones», develando una desconocida faceta de tolerancia en un grupo que se caracteriza por aplicar la disciplina con firmeza castrense.
Su versión contrasta con la firmeza exhibida en junio ante Kenji Fujimori, hermano menor de Keiko, a quien el Congreso privó de su bancada parlamentaria luego de que éste adoptara una línea disidente.
Keiko, de 43 años, y Kenji, de 38, la mayor y el menor de los cuatro hijos de Fujimori, están enfrentados por la herencia política de su padre, lo que causó este año un cisma en el fujimorismo.
Fuerza Popular perdió una docena de legisladores desde que llegó al Congreso, en julio de 2016, con 73 representantes sobre un total de 130. Ello le aseguró una holgada mayoría absoluta con la que acorraló al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en marzo pasado.
Sombras para Keiko
Keiko Fujimori enfrentará sus horas más oscuras a partir del miércoles, cuando deba comparecer ante un juez que resolverá si la envía a prisión preventiva durante 36 meses, acusada de encabezar «una organización criminal» al interior de su partido.
La fiscalía pidió prisión preventiva por 36 meses, el máximo plazo contemplado por la ley, para 12 dirigentes y cuadros fujimoristas, entre ellos Keiko, lo que amenaza su aspiración de ser candidata presidencial, por tercera vez, en 2021.
El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez la acusa de recibir y encubrir 1,2 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de 2011.
La petición debe ser resuelta por el juez Richard Concepción Carhuancho, a quien Keiko acusa de estar confabulado con el fiscal Pérez.
En caso de que Keiko vaya a prisión, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, asumiría la cabeza interinamente, indicó la congresista Letona.
«La prisión es para los culpables, no para los procesados», expresó el domingo Keiko.
«Intentan sacarme de la política, sepultarme», añadió la hija del expresidente de ancestros japoneses.
En este caso, la fiscalía acopió testimonios de un «testigo protegido», lo que llevó a Keiko a decir el domingo que «hay un topo en el partido».
El desgaste causado por sus problemas judiciales y de una oposición obstruccionista en el Congreso le pasaron factura en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, donde no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni ninguna alcaldía importante. Cosechó menos del 3% de votos. En las presidenciales de 2016, Keiko obtuvo 40% de los votos.
