Lima (AFP) – La justicia peruana decidirá este sábado si prohíbe salir del país al expresidente Alan García, luego de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de un tribunal especial anticorrupción, citó para las 15H00 locales (20H00 GMT) a la «audiencia de impedimento de salida del país» de García, solicitado por la fiscalía por un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
«A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí», tuiteó García poco antes de la audiencia.
«Las investigaciones deben hacerse sin odios ni humillación. Mucho menos forzando o comprando testimonios», agregó, en alusión a que la fiscalía consigue testigos a través de la delación compensada.
Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García (el primero fue en 1985-1990).
El expresidente socialdemócrata, bajo investigación desde marzo de 2017, había respondido desafiante el jueves el pedido de la fiscalía, tildando de «imbéciles» a los investigadores e insistiendo en que no había recibido sobornos.
Horas después, moderó el tono y notificó al fiscal del caso, José Domingo Pérez, su «allanamiento» (aceptación) de la prohibición de salida del país, lo que evitaría extender los debates en la audiencia judicial de este sábado.
«Comunico a su despacho que estoy presentando ante el juzgado correspondiente mi allanamiento absoluto a dicho pedido (de impedimento de salida), lo cual hago con el único propósito de facilitar las investigaciones», escribió García en una nota al fiscal.
– Pago por conferencia –
Cuatro exmandatarios peruanos están bajo investigación por el caso Odebrecht, entre ellos García, quien reside en España pero llegó el jueves a Perú para declarar ante el fiscal Pérez, el mismo que pidió prisión preventiva por 36 meses para la líder opositora Keiko Fujimori.
La primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido domina el Congreso peruano, está en prisión desde hace 17 días por supuestamente recibir aportes ilegales de Odebrecht en su campaña de 2011, lo que amenaza su aspiración de ser candidata presidencial por tercera vez en 2021.
Diez asesores de Keiko, de los cuales cuatro están en prisión, enfrentan también la acusación de haber conformado una «organización criminal» enquistada en el partido fujimorista que recibía y encubría los aportes de la compañía brasileña.
El pedido del fiscal contra García coincidió con la difusión en la prensa de que el expresidente recibió un pago de 100.000 dólares proveniente de la caja de fondos ilícitos de Odebrecht, por dictar una conferencia a empresarios brasileños en San Paulo en mayo de 2012.
García, de 69 años, negó que hubiese algo ilícito al percibir esos honorarios, argumentando que los había declarado y pagado los impuestos respectivos.
– Sobrecostos –
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios peruanos Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo en preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
El partido Apra de García denunció una «persecución» política contra su líder, lo mismo que hizo el fujimorismo por la suerte de Keiko.
Cinco funcionarios del segundo gobierno de García están presos por los supuestos sobornos para adjudicar el contrato de la línea del metro a Odebrecht.
El primer tramo de la línea del metro elevado de Lima fue inaugurado por García en julio de 2011. Posteriormente la Contraloría detectó un sobrecosto de 111 millones de dólares.
El segundo tramo de la línea fue inaugurado en julio 2014, tres años después de que García dejara el poder, y los investigadores detectaron un sobrecosto de 301 millones de dólares.
