Buenos Aires (AFP) – A los 25 años del sangriento atentado que destruyó el centro judío de la AMIA, la Justicia argentina dictará el jueves sentencia contra los acusados, entre los que está el expresidente Carlos Menem, de encubrir a los autores del peor ataque de la historia del país.
Hasta ahora no hay detenidos por los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994 con un saldo de 85 muertos y 300 heridos, y contra la embajada de Israel en 1992, con 29 muertos y 200 heridos.
Este jueves se leerá el primer fallo histórico vinculado al atentado contra la AMIA a las 11H00 locales (14H00 GMT). Se escucharán antes los últimos alegatos de Menem y de Hugo Anzorreguy, exjefe de Inteligencia del Estado.
En total son 13 los acusados, entre ellos el exlíder de la colectividad judía en la década de 1990 Rubén Beraja, señalado como cómplice de tratar de desviar la investigación hacia una pista falsa.
Los querellantes son tres asociaciones de familiares de las víctimas enfrentadas con Beraja y otros dirigentes comunitarios, además del Ministerio de Justicia y los policías falsamente acusados. El juicio duró cuatro años.
«Esperamos que todos sean condenados», expresó Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, una de las tres organizaciones de familiares.
«El encubrimiento para nosotros después de 25 años es realmente tan importante como la investigación del atentado en sí, porque no dejaron que supiéramos la verdad», agregó.
Otro acusado es el exjuez Juan José Galeano, destituido por mal desempeño cuando investigaba el ataque. «Serían los primeros condenados en la causa, el encubrimiento es también un delito», señaló Reisfeld.
A los 13 del banquillo se les imputa violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado.
El ataque no fue reivindicado, pero Argentina ha acusado a exgobernantes de Irán, entre ellos al expresidente Ali Rafsanjani, de preparar y ejecutar el ataque. Israel también acusa a Teherán.
Los iraníes se niegan a ser interrogados y rechazan la imputación.
– Alegato de Galeano –
En uno de los últimos alegatos, Galeano, para el que la Fiscalía pide 13 años de prisión, se declaró inocente: «La investigación de la AMIA fue víctima de la miseria de la internas de los servicios de inteligencia».
El exmagistrado está acusado de hacer un pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, un vendedor de autos robados y soplón de la policía, a cambio de inculpar a un grupo de policías. Telleldín está acusado de proporcionar la camioneta bomba que voló el edificio.
El exjuez justificó el pago a Telleldín con fondos del gobierno de Menem porque «era imprescindible» para esclarecer el atentado. El exjuez negó haber actuado por orden de Menem.
– La «pista Siria» –
Para Menem, el ministerio público pide cuatro años de cárcel. Está acusado de haber ordenado al juez que abandonara la llamada «pista siria», que involucraba a un ciudadano de ese origen, Alberto Kanoore Edul, y a otros empresarios que compraban amonal, el explosivo usado en el ataque.
Las familias de Menem y Kanoore eran amigas desde los tiempos de sus abuelos en la ciudad siria de Yabrud.
Una hipótesis, nunca probada, supone una supuesta venganza de los gobiernos de Siria y Libia, de quien Menem habría recibido fondos para su campaña electoral, pero luego se habría rehusado a proveerles material militar bajo presión de Estados Unidos.
A las pistas iraní y siria, se le suma otra nunca investigada que apuntaba a grupos argentinos antisemitas de extrema derecha.
En el comienzo de la causa, Menem afirmó que contaba con información secreta sobre el caso, pero que no podía revelarla.
El expresidente «puede ser relevado del secreto para declarar, pero se trata de razones de Estado que pueden afectar al Gobierno actual, a los intereses de la Nación y la convivencia pacífica con otras naciones», afirmó su abogado en 2016.
Otra causa por encubrimiento está abierta contra la expresidenta Cristina Kirchner por impulsar en el Congreso un memorándum judicial con Irán. Pero Teherán no cumplió el acuerdo e Interpol dijo que Argentina nunca pidió anular las alertas rojas contra los iraníes.
