La Paz (AFP) – Unos aseguran que es presa política, otros la acusan de golpista. El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor, Evo Morales, arrancó este jueves en medio de controversias.
La derechista de 54 años, encarcelada en La Paz desde hace 11 meses y en huelga de hambre desde el miércoles, es juzgada junto a ocho exmilitares.
Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Asumí la presidencia de Bolivia sin pedirlo, sin buscarlo y mucho menos esperarlo… con la única misión de llamar a elecciones y pacificar el país en convulsión», aseveró el martes la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, en una carta que firmó como «presa política».
Su abogado Luis Guillén afirmó que el documento de apertura del juicio es una «presentencia», pues califica a la expresidenta como «de facto» e «inconstitucional».
Tras la apertura de la audiencia de presentación, que se realizó de forma virtual, Guillén se quejó por problemas en el audio y solicitó que se haga de manera presencial este juicio en el que están citados a declarar 76 testigos.
La Fiscalía anunció que presentará los testimonios por escrito, lo que la defensa rechaza al considerar que impide que ellos y los jueces les hagan preguntas.
Mientras avanzaba la audiencia, afuera del juzgado manifestaban decenas de partidarios de la expresidenta, encabezados por su hija Carolina Ribera. Se retiraron cuando llegó un grupo de detractores reclamando la condena de Áñez, constató un periodista de la AFP.
Después de dos horas, el presidente del tribunal cerró la sesión y dijo que pronto se fijará una fecha para la próxima audiencia. De acuerdo con la ley boliviana, el proceso puede durar hasta tres años.
Además, el tribunal modificará el documento de apertura de juicio que la defensa criticó, redactado por un juez suplente.
El martes, un grupo de 21 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU visitar a Áñez e informar sobre posibles «abusos de poder» en su contra.
Dos procesos –
La otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según Guillén, «se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho», algo que viola un principio general del derecho.
Además, destacó que «no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional».
Enfatizó que no corresponde juzgar por la vía ordinaria a una expresidenta y que en cambio debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los demandantes -el gobierno izquierdista, la fiscalía y el Congreso- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
«Este es un juicio político que está llevando adelante el actual gobierno del presidente Luis Arce», dijo el politólogo Carlos Cordero, de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
«Es una manera de establecer una sanción política a quienes se atrevieron a ser adversarios en un momento de crisis del Movimiento al Socialismo (MAS)», el partido de Morales y Arce, estimó.
La exmandataria fue asimismo señalada por «genocidio», que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de «masacres».
Pero a diferencia de las otras acusaciones, esta será tratada por el Congreso, que decidirá si se realiza un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
El informe también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
Del sillón presidencial a la cárcel –
En octubre de 2019 Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían sucederlo renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta y el presidente de la cámara de diputados.
En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
El parlamento, que estaba controlado por el MAS de Morales, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Estas se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Arce, delfín de Morales.
Áñez dejó el poder en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 fue detenida.
La expresidenta fue finalista del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el parlamento europeo, pero finalmente este fue otorgado al opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni.
