Lima (AFP) – Un juez peruano ordenó este jueves arresto domiciliario de 36 meses y la prohibición de salir del país para una acusada junto a la líder opositora Keiko Fujimori por supuestamente lavar aportes ilegales de campaña otorgados por Odebrecht.
La arrestada, Adriana Tarazona, estaba a cargo de administrar el dinero ilícito captado por la presunta organización criminal durante la campaña presidencial del 2011.
Tarazona ejercía el cargo de tesorera alterna en el partido político Fuerza 2011, actualmente Fuerza Popular.
En la misma audiencia, que duró más de cinco horas, se le impuso a otra de las investigadas, Carmela Paucará, comparecencia sin restricciones.
Paucará era la secretaria de Fujimori, y, según la fiscalía, hizo firmar recibos y toda la documentación de carácter administrativo a supuestos donantes, por disposición de la cúpula del partido.
Ambas investigadas no podrán comunicarse con otros acusados ni testigos.
La fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva por ambas investigadas, medida que el tribunal desestimó.
«No dicto todas la veces prisión preventiva, como dicen algunos», explicó el juez Richard Concepción Carhuancho.
Tras esta medida judicial, ya son ocho los implicados en las investigaciones contra el partido fujimorista, mientras avanzan las investigaciones del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
Ya se encuentran en prisión la propia Keiko Fujimori y sus asesores Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz y Luis Mejía Lecca, mientras que otro miembro del partido Fuerza Nueva, Jorge Yoshiyama, quedó en libertad provisional y con prohibición de salida del país, tras haber colaborado con la fiscalía.
El martes, el mismo tribunal dictó prisión preventiva y orden de captura internacional contra Giancarlo Bertini.
El juez Carhuancho se pronunciará el viernes sobre Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama Tanaka, que se encuentra por motivos de salud en Estados Unidos.
Por pedido del fiscal Pérez, otro tribunal prohibió el sábado que el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) salga del país durante 18 meses, al ampliar las investigaciones del caso Odebrecht, tras lo cual el exmandatario ingresó a la embajada de Uruguay en Lima y pidió asilo político.
Montevideo todavía no respondió si acepta el pedido de asilo.
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía peruana los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
