Fort Lauderdale (Estados Unidos) (AFP) – El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue hallado «responsable» este martes de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2003 en Bolivia, por un tribunal de Estados Unidos que lo condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho aymaras fallecidos.
Los diez miembros del jurado llegaron a esta conclusión en su sexto día de deliberaciones en el proceso contra Sánchez de Lozada, de 87 años, y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, de 58, que comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, sur de Florida.
Sánchez de Lozada, alias «Goni», fue el primer expresidente en ser juzgado en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo a los abogados de los demandantes.
Por eso este fallo «envía un mensaje a todo el mundo: ya no puedes escapar de la justicia», dijo a la AFP Thomas Becker, abogado de la Harvard Law School, que formó parte del equipo de los demandantes.
«Este caso está cambiando el mundo en términos de impunidad y de hacer responsables a los violadores de derechos humanos», añadió.
Los dos exfuncionarios, que no acudieron al tribunal, fueron hallados responsables de «ejecuciones extrajudiciales» perpetradas durante los disturbios de 2003 en Bolivia, pero el jurado los exoneró de haber cometido «homicidio culposo».
Esta diferencia fue acusada por los abogados defensores como una incongruencia que ameritaba anular el juicio.
-Revertir sentencia-
«La corte encuentra que (ambas decisiones) no son irreconciliables», respondió el juez federal James Cohn.
Al salir del tribunal, Stephen Raber, abogado de «Goni» y de Sánchez Berzaín, dijo a periodistas que está «en desacuerdo con el veredicto» y que espera que éste sea revertido «cuando se aplique la ley correctamente».
Cinco de los nueve demandantes escucharon, estoicos, el veredicto. Las mujeres vestían faldas tradicionales y dos trenzas en el pelo. No reaccionaron hasta que salieron de la sala y hablaron con sus sonrientes abogados.
En Bolivia, una asociación de víctimas recibió con alegría la sentencia, según dijo su abogado Rogelio Mayta en La Paz.
«Es un triunfo total, absoluto, porque hemos ido a buscar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, donde creían que eran inalcanzables y un tribunal, cuya imparcialidad no se puede cuestionar, ha dicho que son culpables de la masacre», afirmó Mayta.
El juicio tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales, aunque todas las partes sean extranjeras y el crimen haya sido cometido en el exterior.
Los disturbios de septiembre y octubre de 2003, episodio conocido como «la guerra del gas», forzaron la huida del presidente y facilitaron el ascenso al poder en 2006 del aymara Evo Morales, entonces líder cocalero.
En la demanda, los familiares de ocho bolivianos muertos exigían indemnizaciones por parte de ambos políticos por «matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos» que el 17 de octubre dejaron 58 muertos y más de 400 heridos en El Alto, próximo a La Paz.
Los miembros del jurado desconocían estos hechos.
-Escasez de alimentos-
La defensa de «Goni» -apodo de Sánchez de Lozada- describió la caótica situación que vivía el país entonces por los bloqueos carreteros, que causaron escasez de alimentos y combustible.
María Muñoz, la entonces jefa de gabinete de Sánchez de Lozada, relató en su testimonio que la huida en avión se hizo en medio de tiroteos mientras una turba intentaba romper la cerca del aeropuerto.
«Teníamos una situación muy difícil en el campo», dijo el expresidente en el estrado.
La defensa de «Goni» buscó con frecuencia la simpatía de los jurados recordando que los demandantes cultivan coca, sin explicar a los jurados que su mascado es una costumbre ancestral.
Los abogados de los demandantes insistieron en los relatos de abuso policial y los comentarios racistas expresados por el alto mando militar. Destacaron un episodio en el cual Sánchez Berzaín hablaba de «indios de mierda» en referencia a los aymara.
Agustín Zirpa, campesino de 51 años, narró un enfrentamiento con las autoridades en octubre de ese año, cuando él y otros manifestantes bloqueaban una ruta: «Vimos llegar balas de donde estaban los militares». Un compañero suyo fue herido de bala y él fue capturado y torturado. «Me asusté mucho», dijo.
El descontento contra «Goni» (1993-1997 y 2002-2003) se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos.
En 2008, el presidente Morales expulsó a la DEA de Bolivia y ambos países retiraron sus embajadores.
Los varios pedidos de extradición de «Goni» no prosperaron, obstaculizados por las malas relaciones entre Washington y La Paz.