Ginebra (Suiza).- En un llamado urgente coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Desaparecidas este 30 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destaca la necesidad crítica de intensificar la coordinación entre países e instituciones para enfrentar las desapariciones, una de las secuelas más dolorosas de la violencia en Latinoamérica. 

El fenómeno de las desapariciones continúa siendo una compleja crisis humanitaria, exacerbada por conflictos armados, violencia, desplazamientos masivos y desastres naturales. 

«Es fundamental que se establezcan políticas de Estado coordinadas y duraderas que ataquen las causas raíz de las desapariciones para prevenir y erradicar esta problemática, independientemente de los cambios en los gobiernos o instituciones», dijo Marianne Pecassou, asesora regional de Protección del CICR. 

A pesar de los progresos logrados en los últimos años, hay un consenso sobre la necesidad de consolidar estos avances invirtiendo en recursos humanos, financieros y técnicos que fortalezcan las instituciones responsables de responder a esta emergencia humanitaria. La cooperación entre estados es vital, especialmente cuando las desapariciones ocurren fuera del país de origen de las víctimas.

Uno de los principales desafíos identificados por el CICR es la aplicación insuficiente de marcos legales que protejan efectivamente a las personas desaparecidas y sus familias, lo que contribuye a su vulnerabilidad. 

Además, la falta de ratificación de instrumentos internacionales y el subregistro significativo de casos complica aún más la situación. Las barreras para acceder a las instituciones encargadas y el miedo a represalias en contextos de violencia armada son obstáculos adicionales que enfrentan las familias de los desaparecidos.

En la búsqueda de migrantes desaparecidos, el CICR subraya la importancia de una gestión coordinada entre los países de origen, tránsito y destino. Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de información y la creación de mecanismos efectivos de búsqueda e identificación.

Desde la perspectiva práctica, el CICR insta a los gobiernos a garantizar el acceso a mecanismos de información y protección, promover la coordinación interinstitucional y transfronteriza, utilizar bases de datos centralizadas, y desarrollar marcos legales y capacidades institucionales robustas. 

También es crucial combatir la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias.

Para abordar estas necesidades, el CICR colabora con las autoridades nacionales y locales en el desarrollo de políticas y mecanismos adecuados, además de apoyar a los familiares de los desaparecidos para que participen activamente en los procesos de búsqueda y formulación de políticas públicas. 

También cooperan con los sistemas forenses para asegurar un trato digno y la identificación de las personas fallecidas, promoviendo su derecho a ser reconocidas y entregadas a sus familias.

En Brasil, el CICR está ayudando a coordinar una red nacional de asistencia interdisciplinaria para apoyar a las familias de acuerdo con sus necesidades específicas. 

En Colombia, a pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016, los desafíos persisten con frecuentes casos de desapariciones relacionados con conflictos armados y violencia. 

En México y Centroamérica, donde las cifras de personas desaparecidas superan las 116.000, y en Perú, donde más de 22.550 personas han desaparecido desde el periodo de violencia entre 1980 y 2000, el CICR enfatiza la importancia de un trabajo interinstitucional coordinado para mejorar la respuesta a las familias afectadas por estas tragedias.

Este enfoque integral no solo busca responder a las necesidades inmediatas, sino también afrontar la prevención de futuras tragedias, destacando la imperiosa necesidad de acciones coordinadas a nivel regional e internacional para enfrentar esta persistente crisis humanitaria.