San Salvador (AFP) – El Estado Mayor del ejército de El Salvador impidió este lunes el acceso a sus archivos a un juez que pretendía buscar, junto a peritos, pruebas sobre la masacre de El Mozote, en la que fueron ejecutadas cerca de mil personas en la guerra civil (1980-1992).
El juez de San Francisco Gotera (este), Jorge Guzmán, acudió a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en San Salvador, en donde pretendía encabezar un proceso judicial de búsqueda de información referente a la masacre en los archivos de esa guarnición, pero los militares no le permitieron el ingreso, constató la AFP.
Un coronel de apellido Vanegas salió desde el interior del Estado Mayor para notificar al juez Guzmán que no podía ingresar a esas instalaciones para efectuar la revisión de archivos.
Luego de que el uniformado se negó a firmar un acta para constatar lo ocurrido, el juez Guzmán se retiró del lugar.
En noviembre del año pasado, el presidente Nayib Bukele dijo que su gobierno estaba dispuesto a abrir los archivos militares «sin necesidad de orden judicial».
El juez Guzmán definió en agosto un calendario para la búsqueda de pruebas sobre la masacre en archivos militares, y había notificado de las mismas al ministerio de Defensa.
En otro portón de ingreso al Estado Mayor, abogados de organizaciones que defienden a víctimas de la masacre también pretendían ingresar a constatar el proceso judicial de revisión de los archivos. Pero tampoco les fue permitido el ingreso.
«Estamos denunciando la intransigencia, la reiterada negativa del ministro de Defensa (René Francis Merino) de permitir el acceso a los archivos militares para buscar pruebas de la Masacre de El Mozote», dijo a la AFP el abogado de la organización Cristosal, David Morales, que defiende a víctimas de la masacre.
«El no permitir el ingreso del juez es una afrenta a la justicia para que no se conozca la verdad de hechos graves en el pasado», agregó el abogado Wilfredo Medrano de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández», que también defiende a víctimas de la masacre.
De acuerdo a Morales, exprocurador general de Derechos Humanos, el juez «tiene que hacer un análisis de lo sucedido para determinar lo que corresponda».
Fuera de las instalaciones del Estado Mayor se concentraron una veintena de veteranos del ejército que a gritos reclamaron a Morales y a Medrano por su papel de defensa de víctimas de la masacre.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del batallón Atlacatl del ejército lanzaron una operación de «tierra arrasada» en El Mozote y comunidades vecinas.
Según cifras oficiales, la operación dejó 986 muertos, incluidos 558 niños, ejecutados por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras dejar más de 75.000 muertos y desaparecidos.
.){kind=link}