Bogotá (AFP) – La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que nueve altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia están vinculados a casos de ejecuciones de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate durante el conflicto armado en el país.
Según esta ONG de defensa de derechos humanos, «existen evidencias creíbles» de que los uniformados están relacionados con casos de «falsos positivos», como se le conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por integrantes de la fuerza pública entre 2002 y 2008, destinadas a incrementar las bajas de presuntos guerrilleros para obtener prebendas y promociones.
«Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, citado en un comunicado.
«Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar», agregó.
Entre los generales ascendidos y contra quienes según HRW pesan «evidencias que los vinculan con graves abusos» están al general Nicacio de Jesús Martínez, nuevo comandante del Ejército; Jorge Enrique Navarrete, jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez, jefe del Estado Mayor de Planeación y Políticas y otros seis generales.
En el caso del general Martínez, la ONG afirma que fue el segundo al mando de la Décima Brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006, periodo en el cual la fiscalía investiga 23 ejecuciones cometidas presuntamente por miembros de esa fuerza.
La investigación de la organización incluyó decenas de decisiones judiciales, testimonios, informes de la fiscalía y otros documentos vinculados con los oficiales del ejército nombrados en diciembre por el presidente de derecha Iván Duque.
«Los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército, en su mayoría soldados rasos, por su rol en ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las autoridades en general no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes», deploró la HRW.
Según la organización, entre 2002 y 2008 unos 3.000 civiles fueron ejecutados de esa forma, lo que de acuerdo con la fiscalía ha resultado con condenas de 961 uniformados.
El gobierno no se ha pronunciado al respecto.
Colombia vive un conflicto armado que durante más de cinco décadas ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, con un saldo de más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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