Tegucigalpa (AFP) – El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado este jueves en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua.
Un Beechcraft de doble turbohélice de la agencia antidrogas estadounidense despegó desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña a las 14H27 locales (20H27 GMT) con Hernández a bordo, esposado y custodiado. El exmandatario vestía una casaca azul y jeans.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, Hernández dejó la prisión que ocupaba desde mediados de febrero, el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía, conocida como Los Cobras, en el este de Tegucigalpa. Fue trasladado en helicóptero hasta una base aérea de la Fuerza Aérea Hondureña en Toncontin, sur de la capital.
Al descender estuvo flanqueado por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y un grupo de mandos policiales. En un edificio de la base aérea aguardó la llegada del avión de la DEA que luego lo llevó rumbo a Estados Unidos.
«Soy inocente y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta…(…) la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte», afirmó el exgobernante de 53 años, en un video difundido este jueves por la prensa local.
«Saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras, dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, esos villanos, ahora quieren ser héroes», añadió.
Su esposa, Ana García, dijo creer en su inocencia. «Mi amor (…) Estamos convencidos que volverás, claro que volverás porque eres inocente», escribió en Twitter.
Abogados en Nueva York –
Alguna vez aliado de Washington, Hernández es requerido por fiscales estadounidenses porque «participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína» entre 2004 y 2022.
Mediante la conspiración se transportaron «aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos», según su inculpación.
La extradición, aprobada inicialmente por un juez, fue ratificada a fines de marzo por los 15 magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, todos ellos nombrados durante el primer gobierno de Hernández.
En un comunicado, la familia del expresidente anunció que contrataron en Nueva York a los abogados Raymond Colón y Daniel Pérez para que asuman su caso y sean en adelante los portavoces del proceso.
La familia de Hernández reiteró la «inocencia» del expresidente y lo consideró «víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos».
Según ha argumentado el expresidente, capos del narcotráfico que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la fiscalía estadounidense para reducir sus penas, «y en base a mentiras» acusan al expresidente «de cometer actos reñidos con la ley de ese país».
Durante su gestión, el exgobernante mostró con orgullo los elogios de Washington por su labor en la incautación de drogas.
Incluso en 2017, cuando logró ser elegido para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y enfrentamientos ciudadanos que dejaron una treintena de muertos, Estados Unidos fue uno de los primeros gobiernos en saludar su triunfo.
Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022. Días después el Departamento de Estado anunció su inclusión en una lista de personajes corruptos, para luego pedir su extradición.
Un «narco-Estado» –
JOH, como se le conoce por sus iniciales, fue arrestado el 15 de febrero, a solicitud de Estados Unidos.
Su hermano, el exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo del 2021, acusado de enviar a Estados Unidos 140.000 kilos de cocaína de 2004 a 2016, incluso ladrillos con la marca de sus iniciales, «TH».
En el juicio, los fiscales federales señalaron que «Tony» operaba con su hermano e instituciones del gobierno, y que Honduras era un «narco-Estado».
Otro exfuncionario que aguarda extradición es el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla, acusado de «supervisar» las operaciones de narcotráfico del expresidente.
«Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida», ha dicho Hernández, previendo las duras condenas que quizás le esperen por los tres delitos de narcotráfico y porte de armas de los que es acusado.
