Tegucigalpa (AFP) – La hija de Berta Cáceres, la reconocida ambientalista hondureña asesinada en 2016, espera que la justicia alcance a los influyentes «autores intelectuales» del crimen, quienes, según un tribunal de sentencia, mandaron a matar a su madre por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica.
El lunes, Roberto David Castillo, alto ejecutivo de la firma Desarrollos Energéticos (DESA), se convirtió en el octavo sentenciado por el asesinato de Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
«Con este juicio a David Castillo quedó bastante clara la participación de otras personas, no solamente de los accionistas de la empresa, miembros de los Atala Zablah [influyente familia empresarial del país], sino que de un grupo criminal vinculado a la empresa DESA y donde también hay funcionarios del Estado», dijo a la AFP Berta Zúniga Cáceres.
Berta Cáceres, premio Goldman de medio ambiente 2015 y coordinadora del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a los 44 años por pistoleros que entraron la medianoche del 2 de marzo de 2016 a su vivienda en la comunidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras.
Castillo, un egresado de la escuela militar estadounidense West Point y gerente general de DESA, fue declarado culpable el lunes como «coautor» del asesinato.
El juzgado, que el 3 de agosto dictará los años que pasará Castillo en prisión -que podrían llegar a 25-, concluyó en el juicio que la ambientalista fue asesinada por oponerse con manifestaciones indígenas a la construcción por DESA de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el oeste del país.
«Personas intocables» –
«Esperamos una sentencia que reafirme el fallo», expresó Zúniga, quien ahora sucede a su madre como coordinadora de Copinh.
«Sabemos que en este país muchas cosas no se deciden por lo que se prueba en el juicio y ese era el temor justamente que teníamos de cara a este fallo: lo que opera son los pactos de poder y de corrupción».
Pero este fue «un fallo contundente», reconoció.
Añadió que la familia y Copinh esperan que los brazos de la justicia alcancen a los influyentes socios de DESA, que «hasta el momento han sido personas intocables».
«Esa es nuestra lucha, que independientemente del poder que ostentan y sus contactos políticos, pues (…) que la justicia sea impartida sin distinciones de clase y que no solo haya un ensañamiento contra los autores materiales que, al final, son instrumento de los criminales de cuello blanco», abogó.
En una carta emitida días antes de la sentencia a Castillo, varios eurodiputados mostraron su «preocupación» porque no se ha procesado a los autores intelectuales del asesinato «ni se ha cancelado el proyecto hidroeléctrico, empañado por graves denuncias de corrupción».
En diciembre de 2019, el mismo tribunal condenó a entre 30 y 50 años de cárcel a siete implicados en el asesinato, incluyendo dos empleados de DESA. En el fallo también dejó establecido que el asesinato de Cáceres se debió a su defensa del río.
Zúniga destacó que «no ha sido juzgado hasta el día de hoy ningún autor intelectual» y que los allegados de la activista ambiental seguirán la batalla legal con ese objetivo.
Pero admitió que en el juicio se comprobó que «hay un compromiso importante» del Ministerio Público.
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