San Salvador (AFP) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a ganar una «guerra» contra las pandillas que ya supera los 50.000 detenidos en menos de seis meses, mientras su gobierno prepara leyes para encerrarlos por largo tiempo, en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Bajo un régimen de excepción que se encamina a cumplir medio año, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones en el país tras las detenciones masivas de lo que el Gobierno asegura que son pandilleros.
«Se ha visto un gran cambio positivo en mi zona, se siente una gran tranquilidad, una gran paz. Antes, temprano en la noche, era silencio total» por temor a las pandillas, confiesa una mujer de 55 años quien se identifica como América, en la ciudad de El Tránsito, a 125 km al este de San Salvador.
Las fiestas patronales de la ciudad recién se celebraron en un ambiente de cierta tranquilidad.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80%.
«Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas», dijo el martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
La guerra contra las pandillas «tiene un efecto disuasivo», afirma el investigador de Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach. «Saca de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos».
Todo esto bajo un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, declarado en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en junio reveló que un 89,3% de la ciudadanía considera que el régimen de excepción promovido por Bukele ayudó «mucho o algo» a controlar la delincuencia en el país.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes.
Cárcel asegurada –
De los detenidos, el 85% son hombres y 15% mujeres, según cifras oficiales. El 68,9% es acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), la de mayor presencia en el país, seguido por las facciones Sureños (17,7%) y Revolucionarios (12,7%) de la pandilla Barrio 18.
El restante lo concentran las pandillas Mao Mao, MS503, Máquina y Mirada Locos Sureños.
Con el régimen de excepción los presos acusados de pertenecer a pandillas han pasado de 16.000 a 66.000.
Según la última estimación del Gobierno, esas bandas tienen 76.000 miembros, entre presos y libres.
En abril, a pedido de Bukele, el Congreso reformó el Código Penal para castigar hasta con 45 años de prisión a los pandilleros.
Pero Villatoro adelantó que en breve presentarán otras propuestas de reforma para asegurar que no salgan de la cárcel. La mayoría de ellos aún se encuentra bajo prisión preventiva, sin proceso ni sentencia.
Las reformas abarcarán las Leyes de Crimen Organizado, de Intervenciones Telefónicas y del Órgano Judicial. La idea «es crear normas procesales precisamente para que la sociedad gane frente a estos terroristas (pandilleros)», subrayó el ministro.
Para albergar a parte de los detenidos, Bukele ordenó la construcción de una gigantesca cárcel para 40.000 pandilleros en un área rural del centro del país, que debe estar lista antes de fin de año.
Detenciones arbitrarias –
Para el director del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), Danilo Flores, «no todas las personas que han sido detenidas son miembros de pandillas, hay gente inocente que ha sido capturada y que se ha visto afectada en su libertad personal».
El régimen de excepción da lugar a «graves retrocesos en materia de protección de Derechos Humanos», sostuvo.
El Salvador ha sido golpeado por una sangrienta guerra civil de más de una década, que culminó en 1992. Agobiados por la pobreza, miles de sus ciudadanos han migrado en los últimos años.
«Dado que no hay nada que atienda los problemas fundamentales que dan origen a las pandillas, o a las razones por las cuales muchos jóvenes se meten a las pandillas, básicamente estamos desperdiciando una nueva generación de salvadoreños con esta medida (régimen de excepción)», consideró por su parte el investigador de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz.
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