Ciudad de Guatemala (AFP) – El gobierno guatemalteco sigue sin dar respuesta a una resolución del tribunal constitucional que le ordenó extender las visas a 11 funcionarios de una misión antimafias de la ONU que el gobierno había expulsado, informó este lunes el organismo internacional.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el viernes un amparo provisional solicitado por el ombudsman Jordán Rodas, y resolvió que la cancillería debía emitir las visas de cortesía que le habían sido revocadas a los 11 investigadores y abogados de la misión.
«No tenemos ninguna novedad al respecto», pese a que se venció el plazo otorgado por la CC para otorgar las visas, dijo a periodistas el uruguayo Matías Ponce, vocero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Cicig, que opera desde 2007, ha colaborado con la fiscalía en la revelación de varios casos de corrupción.
La Cicig y la fiscalía han pedido en dos ocasiones investigar al presidente Jimmy Morales por sospechas de corrupción en las finanzas de su campaña en 2015.
La administración de Morales exigió la semana pasada la salida de los funcionarios al anunciar que perdieron «los privilegios e inmunidades» diplomáticas para permanecer en el país.
Según un comunicado de la ONU, el gobierno ha señalado que los investigadores son «terroristas», una afirmación que tildó de «absolutamente falsa».
El gobierno anunció que los trabajadores de la Cicig habían abandonado el país el viernes, pero Ponce explicó que los funcionarios salieron de Guatemala por motivos de vacaciones.
Consultada sobre la extensión de las visas, Marta Larra, portavoz de la cancillería, declaró a medios locales que no tiene información.
La corte advirtió al gobierno que debe «abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios» de la comisión.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto de 2017 una posición hostil contra la Cicig, luego de que pidieran investigarlo.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, por lo que en septiembre le impidió ingresar a Guatemala tras un viaje a Estados Unidos.
En agosto, Morales había anunciado que no pediría una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007.
