Ciudad de Guatemala (AFP) – Guatemala retiró la inmunidad y ordenó la salida del país de 11 funcionarios de una comisión de la ONU, protagonista en la lucha contra la corrupción y que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por irregularidades en la campaña de 2015, anunciaron este martes el gobierno y la misión.
La cancillería señaló en una notificación publicada en el periódico oficial que los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) «dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades».
El retiro de la inmunidad es consecuencia de la «revocatoria y denegatoria» de las visas de cortesía a los funcionarios de la comisión por parte del gobierno en octubre, detalló el ministerio.
Horas después, delegados del Instituto Guatemalteco de Migración se presentaron a la sede de la Cicig para notificar que los funcionarios «tenían 72 horas para hacer abandono del país», dijo a periodistas el uruguayo Matías Ponce, vocero de la misión de la ONU.
La Cicig afirmó en un comunicado que la acción del gobierno de Morales «busca afectar la independencia» en el trabajo contra los grupos ilegales, tanto los que están en investigación como los litigios en curso.
La comisión puso en duda la orden del gobierno al explicar que las inmunidades que gozan los investigadores se basan en un acuerdo entre Guatemala y la ONU, y no están adheridas a las visas.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, mantiene desde agosto del año pasado hostilidades contra la Cicig, días después de que el ente de la ONU, junto con la fiscalía, pidieran quitar los fueros presidenciales para investigar sospechas de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.
El gobernante derechista acusó al exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, de sobrepasar sus funciones y ordenó expulsarlo del país, medida frenada por la corte constitucional.
En agosto pasado, Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, y el 4 de septiembre prohibió el retorno al país de Velásquez, aprovechando una gira que el comisionado realizaba en Estados Unidos.
El gobierno guatemalteco sostiene que Velásquez y la comisión son una «amenaza a la paz» y que se extralimitaron en sus funciones.
La Cicig cobró relieve en 2015 tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.
