París (AFP) – Una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, según la organización Transparencia Internacional, que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro Global de la Corrupción, un informe anual confeccionado a partir de entrevistas realizadas con 17.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe, pone de manifiesto que «más de la mitad» de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen «un mal trabajo» para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxismo.
Por ejemplo, según la oenegé, el 91% de los venezolanos «sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción», al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.
Como novedad, el informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como la atención médica y la educación.
Según el documento, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71% de los sondeados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%).
Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a «reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres» y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.
– Sobornos y compra de votos –
En total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción de «gran problema», mientras que solo el 13% la ve como un problema menor.
«La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra», señaló Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional.
La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la realización de un documento de identidad, por ejemplo.
Del total de las personas encuestadas, más de una de cada cinco (21%) pagó un soborno para obtener estos servicios.
Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, un 61%, indicó que les habían pedido pagar sobornos, destaca el informe.
Y estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados.
Según Transparencia Internacional, a una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera.
En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.
– Desconfianza –
Transparencia Internacional advierte de que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza las instituciones.
«Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar», denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Así, en Venezuela, donde el 87% de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.
En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones.
Además, el 53% de los encuestados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.
– Represalias –
El problema, recuerda la oenegé, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de corrupción, algo que le sucede al 73% de los encuestados.
En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19% cree que puede ser eficaz.
Aún así, el 77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a «canalizar la energía positiva» para «empoderar a la población».
