Los Angeles (AFP) – El juez que ordenó la reunificación de familias separadas en la frontera por una política impulsada por el presidente Donald Trump dijo que es responsabilidad del gobierno ubicar a los padres que fueron deportados sin sus niños para evitar «huérfanos permanentes».
«La realidad es que aún hay cerca de 500 padres que no han sido localizados, muchos de los cuales fueron removidos del país sin su niño; todo esto es el resultado de la política del gobierno de separar y luego su incapacidad y fracaso para rastrear y reunir», señaló el magistrado Dana Sabraw, en una audiencia telefónica con las partes desde su despacho en San Diego.
«La realidad es que por cada padre que no es localizado, habrá un niño huérfano permanente, y eso es 100% responsabilidad del gobierno», dijo el juez, citado por medios de prensa.
Sabraw ordenó que el gobierno pusiera a una persona a cargo de la operación para encontrar a los padres deportados de 410 niños que aún están en el país en un limbo.
«Esta será una tarea importante, y está claro que tiene que haber una persona a cargo», zanjó el juez, que consideró «inaceptable» que hasta ahora solo se hayan localizado 13 padres.
«El juez se rehúsa a dejar que el gobierno escape del desastre que causó», dijo Lee Gelernt, el abogado de la organización de derechos humanos ACLU que encabeza la demanda contra el gobierno.
– Falta de información –
El gobierno había sugerido en su informe del jueves que la ACLU debía usar «su red de bufetes, ONG y voluntarios» para «establecer contacto» con los deportados y determinar si quieren reunirse con sus niños.
Asimismo, sugirió que la organización debía proporcionar información sobre la filiación con el menor para luego buscar la mejor manera de reunificarlos.
De hecho, esos 13 padres fueron localizados por la parte acusadora.
ACLU señaló a su vez que «ha dejado claro que harán todo lo que esté en su poder para ayudar a localizar a los padres deportados, pero hace hincapié en que es el gobierno el que debe cargar con la tarea de hacerlo».
«No solo fue el gobierno el que implantó esta práctica inconstitucional de separación que llevó a la crisis, sino que el gobierno de Estados Unidos tiene más recursos que cualquier ONG», indicó.
«La parte acusadora espera que el gobierno dé pasos significativos para encontrar a estos padres por su cuenta».
ACLU pidió no obstante más información para cooperar en la tarea, aunque Gelernt aseguró que el gobierno retiene información que puede ayudar a ubicar a los padres deportados.
«Cada día que el gobierno se sienta sobre esta información es otro día de sufrimiento para estas familias», dijo.
– Balance actualizado –
El 26 de junio, Sabraw dio un mes de plazo para que el gobierno reuniera a todos los niños separados de sus familias.
El gobierno asegura que cumplió la reunificación de los llamados «elegibles», es decir los adultos que reunían los requisitos para recibir al niño.
En un balance entregado a la corte el jueves, señaló que de 2.551 niños de entre 5 y 17 años identificados, 1.979 fueron liberados de las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
De ese total, 1.535 fueron reunidos con sus padres y los restantes 444 se dividen entre los que fueron entregados a otro representante, cumplieron 18 años o ya habían sido reunidos previamente.
Los niños aún en custodia del gobierno son 572. Los padres de 34 de esos menores renunciaron a la reunificación para que sus hijos no fueran deportados junto con ellos; los de 410 fueron deportados y los de 68 están en Estados Unidos sin ser localizados. Además, están los hijos de padres «no elegibles» por antecedentes criminales.
