Washington, 3 mar (EFE).- El Gobierno del presidente, Donald Trump, presentó hoy con una discreción poco habitual su informe anual de derechos humanos, que se limita a exponer la situación en el mundo, pero no señala a ningún grupo de países en situación más preocupante.
«El informe habla por sí solo», se limitó a decir una funcionaria estadounidense en una llamada con la prensa, que insistía en conocer las razones por las cuales el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, se ha desvinculado del documento y no lo presentó en rueda de prensa como era habitual en el anterior Gobierno de Barack Obama.
El Ejecutivo estadounidense se escudó en la ausencia de una lista de países con el peor historial de derechos humanos en 2016, porque «la situación general es muy diversa».
«Hay actores estatales y no estatales que han intentado suprimir derechos, y gobiernos que han suprimido libertades individuales (…). Los temas constantes siguen siendo los abusos de fuerzas de seguridad, la corrupción y la discriminación de minorías, especialmente de los inmigrantes», indicó la fuente gubernamental.
El informe vuelve a exponer violaciones muy graves de derechos humanos en países en conflicto como Siria, Libia, Irak, Yemen, Afganistán o Sudán.
En lo referente a Siria, sumida en casi seis años de guerra civil, el informe asegura que el líder sirio, Bachar al Asad, sigue siendo responsable de «uso indiscriminado de fuerza letal contra civiles», mientras que grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI) son responsables de un nivel «masivo» de abusos.
El informe sigue siendo crítico con la situación en Rusia, Filipinas, Irán, Venezuela, Cuba o Corea del Norte.
En Latinoamérica, el informe señala como «autoritarios» a Cuba, Nicaragua y Venezuela, debido a la ausencia de libertad política, la represión contra las voces disidentes y la falta de independencia del poder Legislativo o Judicial.
El bajo perfil que se ha dado a la presentación del informe, que sirve al Congreso para determinar las preferencias en asistencia al exterior, ha sido criticado por el senador republicano Marco Rubio, que pidió a Tillerson que reconsidere su decisión de mantenerse al margen.
Sarah Margon, directora de Human Rights Watch (HRW) en Washington, criticó el manejo de la presentación del informe porque «puede reforzar el mensaje a gobiernos, activistas y minorías en riesgo de que el Departamento de Estado puede quedarse en silencio ante la represión, el abuso y la explotación».
La decisión de relegar a un mero acto burocrático la publicación del exhaustivo informe se da después de que el Ejecutivo de Trump indicara al Congreso quiere un presupuesto que aumente en 54.000 millones de dólares la dotación del Pentágono y recortará más de un tercio la asignación a Estado.
Además, llega cuando analistas se preguntan si Trump está voluntariamente restando relevancia al Departamento de Estado, el marcapasos de la política exterior estadounidense, con la ausencia de altos funcionarios en puestos vacantes y el protagonismo de un grupo de leales en la Casa Blanca.
El informe, que en algunos casos no varía de la postura de informes de años previos realizados durante la presidencia de Barack Obama, es muy crítico con Rusia o Filipinas, países con los que Trump ha mostrado intención de realizar acercamientos.
«La ocupación y la pretendida anexión de la península ucraniana de Crimea continuó afectando a la situación de derechos humanos significativa y negativamente», señala el informe en relación con la injerencia rusa en el conflicto de Ucrania.
El informe destaca los intentos de las autoridades rusas de suprimir el derechos de asamblea y de expresión y de «restringir la capacidad de los ciudadanos de elegir su Gobierno por medio de elecciones justas y libres».
Es crítico también con el Gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, que asumió el poder el pasado verano, por alentar con su política contra las drogas un «aumento» de las «ejecuciones extrajudiciales».
En su audiencia de confirmación el pasado enero, Tillerson aseguró que, como jefe de la diplomacia estadounidense, dará gran importancia al respeto de los derechos humanos, pero puntualizó que «no es razonable esperar que la política exterior se conduzca solo por consideraciones de derechos humanos».
