Ciudad de Guatemala (AFP) – El gobierno de Guatemala pidió este miércoles levantar los fueros a tres magistrados del tribunal constitucional que fallaron contra el presidente Jimmy Morales, sobre órdenes relativas a una misión antimafias de la ONU que pidió investigarlo por corrupción.
La Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad abogada del Estado, señaló en un comunicado que solicitó iniciar una investigación para procesar a los magistrados José de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras por los delitos de prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad.
«Se analizó un conjunto de resoluciones judiciales proferidas por la Corte de Constitucionalidad (CC), que pueden catalogarse como arbitrarias e ilegales, las cuales tienden a atribuirse facultades que no les corresponden» y «coartar facultades constitucionales otorgadas directamente al presidente de la República», indicó el texto.
Aunque la PGN no precisó los casos de esas resoluciones, el ombudsman Jordán Rodas destacó que se trata de órdenes dictadas por la CC que favorecieron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que pidió investigar al presidente Jimmy Morales por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
Rodas indicó que la acción del gobierno al «pretender penalizar el accionar» de los tres jueces «es un mal augurio para nuestra frágil democracia».
La CC evitó en agosto del año pasado, al amparar a Rodas, que el gobierno expulsara del país al exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, acusado de sobrepasar sus funciones.
El intento de expulsión ocurrió días después de que la Cicig y la fiscalía pidiera investigar a Morales.
Desde entonces, la administración de Morales mantuvo actitudes hostiles contra la Cicig y recientemente ordenó la expulsión del país de 11 investigadores y abogados, parte del equipo de la comisión, al revocar sus visas de cortesía.
Sin embargo, el viernes, la CC estableció en una decisión dividida que el gobierno debía extender las visas y «abstenerse de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios» de la Cicig.
Morales, un excomediante de televisión de 49 años, también le prohibió en septiembre pasado el ingreso al país a Velásquez mientras este se encontraba en una gira de trabajo por Estados Unidos pero la CC determinó que el gobierno no le puede vedar el retorno.
En agosto, Morales también anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, al señalar que Velásquez y la misión son «una amenaza a la paz», pese a que antes elogiaba su labor.
La Cicig cobró relevancia en 2015, tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.
