Managua (AFP) – Familiares de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua, a quienes el presidente Daniel Ortega considera «criminales» que querían derrocarlo, acuden a diario a la cárcel de El Chipote donde creen que los tienen recluidos, pero no les permiten verlos.
A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, el gobierno sandinista inició una redada con detenciones a cinco aspirantes opositores a la presidencia, o a críticos, activistas, empresarios y hasta excamaradas de armas del gobernante.
El último en ir a prisión fue el exdiputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y hermano de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, una de las opositoras detenidas.
«Venimos tres veces al día y lo único que nos toman (reciben) es agua», aseguró Martha Urcuyo, esposa de Pedro Joaquín Chamorro, en los exteriores de esta prisión de auxilio judicial de la Policía, donde llevan a las personas que están bajo investigación.
Urcuyo es una de las personas -esposas, madres e hijos- que a diario llegan a esta penitenciaría localizada al suroeste de Managua, en una colina, para saber de la situación de sus parientes, varios de ellos detenidos tras allanamientos a viviendas y arrestos nocturnos.
El mandatario, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones consecutivas.
Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
La oposición y la comunidad internacional lo han acusado de gobernar de manera autoritaria tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejó más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
La oposición da por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que, con la prisión de posibles rivales, está despejando el camino para su propósito.
«Esperamos que estén allí» –
«Unos tienen 31 días [detenidos] y a nadie [han dejado entrar para que los vean], ni a los abogados; esperamos que estén ahí», en el Chipote, un lugar que organismos de derechos humanos han considerado como utilizado para torturas.
«No sabemos nada, no nos han informado, ni dicho absolutamente nada. No han dejado que vean a los abogados, tenemos cero información», dijo por su parte Arlen Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Tinoco, detenido el 13 de junio.
«Últimamente solo nos están recibiendo agua, de repente me han dejado pasar algunas mascarillas [como protección contra el covid], algún papel higiénico. Antes sí nos estaban recibiendo, pero ya tenemos hace como dos semanas que sólo nos están recibiendo agua», añadió Tinoco.
El gobierno califica a los opositores de «criminales» que han atentado contra la seguridad del país y trataron de organizar un golpe de Estado para derrocar a Ortega, financiados por el gobierno de Estados Unidos.
Están detenidos por incitar a la injerencia extranjera y promover sanciones contra el país, cargos establecidos en una ley aprobada por el Congreso, dominado por el sandinismo.
Abogados de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga emitieron este miércoles un comunicado en el que llaman al gobierno a que reconozca y cumpla con las medidas otorgadas la semana pasada por Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pide la liberación inmediata de ambos.
La petición de la corte también cubre al empresario José Aguerri y a la activista social Violeta Granera.
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