Santa Cruz (Bolivia) (AFP) – El presidente izquierdista de Bolivia, Luis Arce rechazó la noche del viernes adelantar para 2023 un censo de población, en medio de una jornada de violencia en la próspera región opositora de Santa Cruz, donde hubo choques callejeros y saqueos de dos oficinas de sindicatos afines al gobierno.
Arce ratificó el censo para 2024 y dijo que «el empadronamiento se realizará el 23 de marzo» de ese año, según una declaración difundida en la televisión estatal.
Además, prometió en un plazo de seis meses la redistribución para todas las regiones de los fondos estatales de acuerdo con los nuevos resultados del censo de población.
También dijo que «invocamos al retorno de la calma, la paz y la normalidad en el departamento de Santa Cruz» que el viernes vivió una jornada de violencia.
Santa Cruz, controlada por la oposición de derecha, cumple este sábado 22 días de protestas con cortes de calles, avenidas y caminos interdepartamentales para exigir al gobierno del izquierdista Arce que adelante el censo de población a 2023.
La región opositora también exige el censo para actualizar su representación legislativa, empero no hay certeza de que para las elecciones presidenciales de 2025 se cumpla esta demanda.
Santa Cruz tiene previsto realizar el próximo domingo un cabildo o asamblea popular para definir su posición, ante el anuncio presidencial.
Saqueos y zozobra –
La jornada de violencia comenzó el viernes temprano. Vendedores al menudeo y choferes del servicio público marcharon por una avenida de la ciudad para exigir que se suspendan los bloqueos de calles y vías.
Su movilización se topó con piqueteros opositores y se produjeron enfrentamientos con piedras, palos y petardos.
Vecinos se organizaron con ayuda de jóvenes ligados al comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado civil-empresarial, e hicieron retroceder a los manifestantes oficialistas.
La policía antimotines intervino lanzando gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones.
Los grupos opositores quemaron llantas que utilizaron como barricadas y afirmaron haber sido reprimidos por los uniformados.
El viernes «el pueblo cruceño [gentilicio de Santa Cruz] ha sido arremetido por la Policía y por el MAS», dijo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mencionando al partido de gobierno, Movimiento al Socialismo.
Acotó que la policía y el MAS «han generado zozobra y han disparado gases lacrimógenos».
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, respondió que la manifestación de vendedores y choferes «era la marcha pacífica del pueblo que fue atacada brutalmente por sectores radicales financiados que buscan el enfrentamiento».
Quemas y saqueos –
Horas después, jóvenes opositores atacaron enfurecidos las oficinas de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, afín al oficialismo, que quemaron y saquearon hasta la llegada de la policía y bomberos, según imágenes del canal privado de televisión Unitel.
Benancio Machaca, dirigente campesino de 64 años, dijo a la AFP que «lo han quemado todo, toda documentación que había, entonces eso no se debía haber hecho».
Posteriormente, la sede del mayor sindicato local, la Central Obrera Departamental (COD), también fue saqueada.
No hay versión oficial sobre el número de heridos y detenidos en esta jornada.
En tres semanas de protestas, Santa Cruz registró cuatro muertos en choques callejeros entre civiles, una mujer violada y 178 heridos, según un balance del gobierno de Arce.
