La Paz (AFP) – El gobierno saliente de Bolivia, encabezado por la derechista Jeanine Áñez, no invitará al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la posesión del nuevo presidente Luis Arce, el próximo 8 de noviembre, dijo este jueves la cancillería.
La «cancillería no invitará a Nicolás Maduro a los actos de transmisión de mando, puesto que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela», dijo el ministerio en un comunicado.
La administración de Áñez emitió un decreto para organizar los actos para la transmisión del gobierno al izquierdista Arce, contundente ganador de las elecciones generales del pasado 18 de este mes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la administración electa le manifestó su deseo de invitar a Maduro y al expresidente Evo Morales a las ceremonias en La Paz, pero que «no extenderá dichas invitaciones».
Morales, refugiado desde fines de 2019 en Argentina, confirmó que retornará a su país el lunes 9 del próximo mes, un día después de la posesión de Arce.
El gobierno transitorio boliviano, apenas instalado en el poder en noviembre de 2019, tras la renuncia del izquierdista Morales a la presidencia, rompió las relaciones con Venezuela que fueron muy estrechas durante los 14 años de gobierno del dimitente.
Áñez había denunciado entonces intromisión venezolana en los asuntos internos de Bolivia y también ordenó el abandono del bloque político-económico Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que había impulsado el finado mandatario Hugo Chávez.
De manera paralela, Bolivia reconoció entonces al líder opositor venezolano Guaidó como presidente.
El gobierno entrante de Arce no emitió ningún comentario. Este jueves se produjo el primero encuentro entre los dos equipos de coordinación con la administración saliente para conversar sobre los actos protocolares.
Marianela Prada, que forma parte de la coordinación del nuevo presidente Arce, informó de manera general que «hemos pedido que se haga un corte administrativo inmediato, que el gobierno saliente ya no tome decisiones que comprometen la política económica y social de nuestro país».
