México (AFP) – La Fiscalía de México exoneró este jueves al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, arrestado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y devuelto a su país para enfrentar un posible juicio.
Se «ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general» Cienfuegos, indicó el organismo en un comunicado, en el que aseguró no haber hallado pruebas que incriminen al oficial.
El secretario de Defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles y repatriado el 18 de noviembre, tras lo cual quedó en libertad.
La Fiscalía aseguró que Cienfuegos, de 72 años, «nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada» por las autoridades de Estados Unidos.
«Tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos», prosiguió, en referencia a las acusaciones de la agencia antidrogas (DEA).
No hay evidencias –
La justicia estadounidense acusó a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber ayudado al cartel H-2, una organización criminal mexicana extremadamente violenta, a «traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos» entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.
Pero después de que México protestó por no haber sido informado de la investigación contra el general, iniciada en 2013, una jueza de Nueva York aceptó un pedido inusual del gobierno de Donald Trump para retirar los cargos y dejar el caso en manos de la justicia mexicana.
La Fiscalía dijo igualmente que no encontró «prueba alguna» de que el exsecretario hubiera utilizado algún «equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer» a criminales, como sostiene la DEA, que lo identifica con el alias de «El Padrino».
Tampoco hay indicios sobre una «obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal», de acuerdo con lo que ganaba como funcionario, detalló el comunicado.
La Fiscalía, que tiene en su poder las «pruebas» entregadas por las autoridades estadounidenses, manifestó haber realizado «todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables».
«Casi suicida» –
Tras la repatriación, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había descartado que el caso fuera a quedar en la «impunidad», señalando que «sería casi suicida» no investigar al exministro.
Por su parte, el presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene una estrecha relación con los militares, señaló entonces que las agencias y la justicia de otros países no eran infalibles.
Tras la liberación de Cienfuegos, López Obrador, que mantiene una relación cordial con Trump, logró que el Congreso aprobara una reforma que deja sin inmunidad a los agentes extranjeros, cuyo tiempo de permanencia será fijado por el gobierno mexicano.
También obliga a funcionarios locales a entregar informes sobre cualquier contacto con ellos.
Legisladores del opositor Partido Acción Nacional describieron la reforma como un «berrinche» del mandatario, en el poder desde 2018, por la investigación de la DEA contra Cienfuegos.
Expertos consultados por la AFP consideran que tanto las acusaciones en Estados Unidos contra el general, como la reforma para limitar la actuación de agentes extranjeros podrían afectar la colaboración bilateral en la lucha antinarcóticos.
La enmienda «marca un revés en los esfuerzos contra el narcotráfico y probablemente complicará las relaciones, aunque al final las administraciones de Joe Biden y López Obrador alcanzarán una fórmula para tratar este problema», dijo recientemente Michael Shifter, de Diálogo Interamericano.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, suman más de 300.000 muertes violentas en México, la mayoría ligadas a la criminalidad, según cifras oficiales.
En diciembre pasado, el gobierno de López Obrador solicitó a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna, exministro de Seguridad encarcelado en Nueva York acusado de conspirar para traficar toneladas de cocaína.
García Luna fue uno de los artífices de la actual política antidrogas.
