México (AFP) – La fiscalía general mexicana reiniciará desde «cero» la investigación por la desaparición, hace cinco años, de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, anunció el miércoles la dependencia tras reunirse con padres de los jóvenes.

«Vamos a empezar una nueva investigación», dijo a la prensa Omar Gómez, fiscal especial del caso, tras un encuentro entre los familiares y funcionarios de la fiscalía, incluido el fiscal general, Alejandro Gertz.

Según Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, Gertz dijo en el encuentro que la investigación iniciada en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) «está muy mal, hay que reconstruirla desde un principio, casi desde cero».

En la reunión estuvo por momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, quien horas antes, durante su habitual conferencia matutina, pidió a todos los que tengan información sobre el caso contribuir «porque es una herida abierta».

«Esto tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo y tiene que ver también con el prestigio, la fama de México», dijo López Obrador.

La investigación del llamado caso Ayotzinapa, iniciada por la fiscalía bajo el gobierno de Peña Nieto, ha sido señalada de serias negligencias, entre ellas haber obtenido testimonios mediante tortura y la alteración de las escenas del crimen.

Debido a estas anomalías, han sido liberados más de 70 inculpados en este caso, incluido un presunto jefe narcotraficante quien había sido señalado de «autor material» de las desapariciones.

Esas denuncias impulsaron al gobierno de López Obrador a crear en enero la comisión que busca zanjar definitivamente el caso.

Según la hipótesis de la fiscalía durante el anterior gobierno, los estudiantes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de esa ciudad coludidos con el cartel Guerreros Unidos.

Creyendo que los jóvenes eran miembros de un grupo rival, los policías entregaron a los 43 estudiantes a los narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, de acuerdo con esa misma teoría.

Pero una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó duramente esta hipótesis.

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