Tegucigalpa (AFP) – La fiscalía de Honduras, con apoyo de una misión de la OEA, acusó este martes a cinco diputados, seis exdiputados y otras diez personas por apropiarse de fondos públicos destinados a programas sociales.
El brasileño Luiz Guimaraes Marrey, jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la OEA, informó en rueda de prensa que junto con la fiscalía presentó las acusaciones por «el presunto delito de malversación de caudales públicos».
Según el Guimaraes, las 21 personas fueron acusadas de obtener en 2015 más de 879.000 dólares de fondos públicos para trasladarlos a la no gubernamental Asociación Planeta verde, pero los trasladaron a cuentas particulares.
Entre los acusados destacan el exministro de Seguridad, Oscar Alvarez, y la vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora López.
El dinero fue trasladado a cuentas particulares de los diputados, sus familiares y otras personas «cuando dicho capital estaba destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras«, subrayó Guimaraes.
El pasado 4 de diciembre la fiscalía acusó a 12 directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y empresarios por compras sobrevaloradas e innecesarias.
La MACCIH fue creada por la OEA mediante un convenio firmado en enero del 2016 a petición del presidente Juan Orlando Hernández para acallar las protestas multitudinarias exigiendo su renuncia, al involucrarlo en un saqueo de 330 millones del IHSS.
Hernández admitió que decenas de miles de dólares entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en 2013, aunque alegó que lo desconocía en ese momento.
Con la ayuda de la MACCIH, la fiscalía ha presentado ocho casos que aún se tramitan en los tribunales.
