Quito (AFP) – La Fiscalía de Ecuador reformuló este jueves los cargos contra el sueco Ola Bini, un colaborador de Julian Assange que será procesado por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos, informó el ente acusador.
En principio Bini, detenido en Ecuador el 11 de abril, fue acusado de supuestos ataques informáticos. Sin embargo la Fiscalía cambió los cargos al considerar que existen «nuevos elementos de convicción que hacen variar la calificación jurídica».
El delito de acceso no consentido a sistemas informáticos se castiga hasta con cinco años de cárcel en Ecuador.
De acuerdo con la Fiscalía, el sueco ingresó a una red privada de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual tenía relación con la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y Petroecuador.
«Es decir, habría accedido sin consentimiento a ese sistema, a pesar de la advertencia que decía ‘el acceso o uso no autorizado se considera un acto criminal'», señaló el organismo en un comunicado.
El sueco, señalado como colaborador de Assange, el fundador del portal de revelación de secretos oficiales WikiLeaks, debe continuar presentándose cada ocho días ante un fiscal y tiene prohibida la salida del país.
Una acción de habeas corpus permitió que saliera de prisión y se defendiera en libertad desde junio.
La policía arrestó al sueco el mismo día que Quito le retiró el asilo a Assange, que permanecía refugiado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.
El gobierno ecuatoriano denunció entonces que alguien cercano al fundador de WikiLeaks estaba implicado en un plan de desestabilización contra el presidente Lenín Moreno.
Assange cumple en Londres una condena de 50 semanas por violar su libertad condicional en 2012, cuando se refugió en la legación ecuatoriana para no ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar una investigación por presuntos delitos sexuales que fue archivada.
El australiano también enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos, donde la justicia ha presentado 18 cargos en su contra, la mayoría referidos a la obtención y difusión de información clasificada por WikiLeaks, que en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares y diplomáticos.
