Managua (AFP) – La justicia nicaragüense envió a juicio bajo cargos de transporte ilegal de armas a la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y otros 15 opositores en su mayoría detenidos tras intentar auxiliar a manifestantes en huelga de hambre, informó este domingo un familiar.
El padre de Amaya, el belga Fréderic Coppens, confirmó a la AFP que el juez suplente del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua fijó la fecha del juicio contra su hija y resto de opositores para el próximo 30 de enero.
La fecha fue anunciada en una audiencia que el juez realizó en presencia de los detenidos, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.
Las autoridades prohibieron el acceso a la prensa y a los familiares de los detenidos, quienes esperaron horas en las afueras de los juzgados en medio de una fuerte presencia policial.
Amaya y 12 de sus compañeros fueron arrestados el 14 de noviembre cuando regresaban de la sureña ciudad de Masaya, adonde habían viajado para intentar abastecer de agua a 11 madres que estaban en ayuno en la iglesia San Miguel, que fue sitiada por la policía.
Las mujeres demandaban la liberación de más de 150 opositores que están presos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega, pero una semana después suspendieron la huelga por el deterioro que sufrió su salud por falta de agua y asistencia médica.
Los otros tres opositores que son acusados junto con Coppens, fueron detenidos en sus casas el mismo 14 de noviembre.
La policía acusó al grupo de traficar armas y los vinculó a una supuesta estructura delictiva que pretendía cometer actos terroristas contra infraestructuras públicas.
«Es una farsa completa», comentó el padre de la estudiante belga, sobre el segundo encarcelamiento que sufre su hija por protestar contra el gobierno.
Amaya Coppens, de nacionalidad nicaragüense y belga, es una de las principales líderes del movimiento estudiantil y miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La joven de 25 años fue detenida por primera vez en septiembre de 2018 por participar en las protestas que estallaron ese año contra una reforma al seguro social que luego se transformó en una demanda de salida del mandatario.
Los choques entre manifestantes y policías dejaron al menos 328 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En junio pasado, Amaya fue liberada con una ley de amnistía, junto a otros 500 manifestantes.
Pero la oposición afirma que las detenciones de disidentes han continuado y aumentado principalmente en las últimas semanas.
