FARC reconoce culpa por secuestros ante la justicia de paz en Colombia

Bogotá (AFP) – Los jefes de la exguerrilla FARC reconocieron este lunes su «responsabilidad ética y política» por miles de secuestros en Colombia, durante su primera rendición colectiva de cuentas ante el sistema de justicia surgido del histórico acuerdo de paz.

«Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica», declaró en la audiencia Rodrigo Londoño, también conocido como «Timochenko», quien fue el máximo comandante de la otrora guerrilla comunista.

El ahora presidente del partido FARC y otros diez exjefes hicieron el reconocimiento durante la primera audiencia colectiva del caso 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre miles de secuestros atribuidos a la exguerrilla en el marco de su alzamiento armado.

Los líderes rebeldes entregaron al sistema encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto un informe, que no trascendió, en el que deben dar cuenta de los secuestros.

Esta versión colectiva es la respuesta que las FARC, como organización, dan a los informes sobre raptos que presentaron las instituciones del Estado y las víctimas ante el tribunal.

En el escrito tenían que explicar las razones que los llevaron a cometer este delito, cuántas personas secuestraron o cuánto dinero recibieron por liberarlas, entre otros detalles que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, afirmó la magistrada Julieta Lemaitre.

Lemaitre sostuvo que la JEP estudia la versión colectiva de las FARC y la contrasta con los informes oficiales, de víctimas o búsquedas propias.

Los magistrados evalúan el contenido y definen la sanción -individual y si corresponde- para los exguerrilleros dependiendo de si dijeron la verdad o no.

«No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos a construir lo que fueron las FARC», afirmó Londoño.

A la citación también asistieron los excomandantes Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Jaime Parra (Mauricio Jaramillo), Pastor Alape y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), entre otros.

– 6.000 secuestros –

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta diez años en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados, y no pocos perecieron en cautiverio.

La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes. En este proceso, la JEP conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.

La Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de los derechos humanos, entregó este lunes un reporte sobre 522 casos de personas que murieron en cautiverio.

Los excomandantes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por los secuestros, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos, en julio de 2018. En aquella ocasión las FARC, en cabeza de Londoño, pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirían las responsabilidades que les correspondieran.

Por este caso, el tribunal de paz ha citado hasta ahora a 56 responsables de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos a Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes se apartaron del proceso de paz y a finales de agosto anunciaron una nueva rebelión armada.

El acuerdo de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.

Quienes no cumplan con esos compromisos enfrentarán un juicio penal con penas privativas de la libertad.