El Mozote (El Salvador) (AFP) – Con la esperanza de obtener justicia, centenares de salvadoreños iniciaron este sábado la conmemoración del 38° aniversario de la masacre de El Mozote, la más sangrienta de las últimas décadas en América Latina, ejecutada por el Ejército durante la guerra civil (1980-1992).
Al amanecer de este sábado, abrazados por una brisa fresca, familiares y lugareños comenzaron a llegar con flores y velas encendidas al monumento de las víctimas en la comunidad de El Mozote, en el departamento de Morazán, unos 200 km al noreste de San Salvador.
«Recordamos a nuestros familiares asesinados esperando que los militares que participaron en la masacre reciban su castigo y se mueran en la cárcel», declaró a la AFP Braulio Chicas, de 75 años quien perdió a su tía, María Chicas.
Para el anciano, que se dedica a cuidar ganado, «el dolor» sigue intacto, casi cuatro décadas después, porque sus familiares murieron «injustamente».
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del batallón Atlacatl del Ejército perpetraron la masacre en El Mozote y comunidades vecinas en el marco de un operación de «tierra arrasada». Según cifras oficiales, murieron 986 personas, entre ellas 558 niños, ejecutadas por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Los supervivientes de la matanza, 712 personas, abandonaron la zona.
«Fue una desgracia espantosa que terminó con la vida de mi madre, dos hermanos y de un tío», contó este sábado Juan Bautista Márquez, de 79 años, que aseguró haberse salvado «de milagro» con sus cinco hijos pequeños y su pareja porque tenía una biblia en las manos y obtuvo clemencia de una cabo del ejército.
– Contra la impunidad –
La masacre permaneció en la impunidad durante más de tres décadas hasta que un magistrado abrió un juicio contra 18 militares involucrados en los hechos. Lo hizo después de que, en julio de 2016, la Corte de Justicia salvadoreña declarara inconstitucional la amnistía que había perdonado en 1993 los crímenes de la guerra civil.
Desde el inicio del juicio, dos militares fallecieron y otro fue acusado.
Para el director del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (IDHUCA), el sacerdote José María Tojeira, «el hecho de que el caso esté al fin judicializado da una cierta esperanza».
Pero, según él, «la lentitud del proceso, las apelaciones sistemáticas y malintencionadas de los defensores de los militares, dejan ver un país donde la impunidad continúa siendo no solo una plaga, sino parte de un objetivo de los poderes establecidos».
Con el fin de la guerra civil en 1992, una Comisión de la Verdad creada por la ONU culpó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacatl; al jefe de operaciones, Armando Azmitia, y a otros seis oficiales.
Monterrosa y Azmitia murieron a cinco kilómetros de El Mozote el 23 de octubre de 1984, a bordo de un helicóptero que voló en pedazos saboteado por la guerrilla.
Los familiares de las víctimas no podrán verlos en el banquillo de los acusados, pero sí exigen un castigo para los demás implicados. Deben «recibir una condena conforme a la ley», dijo Juan Bautista Márquez.
Con los ojos llenos de lágrimas, José Cruz Vigil, de 65 años, y su hermana María Elena Vigil, de 70, depositaron en el monumento de la plaza de El Mozote una corona de ciprés en memoria de sus 54 familiares asesinados.
«Les traemos flores para decirles a nuestros hijos y nietos que no podemos olvidar», dijo José Cruz.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 y dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos.
