Bogotá (AFP) – Una jueza ordenó este sábado la «libertad inmediata» del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en arresto domiciliario desde hace dos meses, mientras avanza el proceso en su contra por manipulación de testigos contra un senador de oposición.
En una audiencia pública virtual, la jueza de garantías Clara Salcedo dejó sin efecto la medida de detención contra el exmandatario (2002-2010) por pedido de la defensa y con el apoyo de la fiscalía.
«En consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe», dijo la funcionaria.
El exmandatario de 68 años celebró la decisión en Twitter con un lacónico «Gracias a Dios».
La Corte Suprema había ordenado el 4 de agosto la detención de Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal lo investigaba en su calidad de senador en una causa que podría haberlo llevado a juicio y eventualmente a la cárcel.
Sin embargo, Uribe renunció al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014, con lo que el expediente pasó a un juzgado de garantías que revocó el arresto domiciliario y le permitirá defenderse en libertad.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dedicó en Twitter un mensaje de «felicitaciones» a Uribe, a quien describió como un «héroe» y un «aliado» del país «en la lucha contra el castro-chavismo», en alusión a los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Fiscalía bajo críticas
Uribe es el jefe natural del Centro Democrático, el partido en el poder, y mentor del presidente Iván Duque.
El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot apoyado en testimonios falsos.
El legislador recabó las versiones de paramilitares presos que acusaban a Uribe de tener vínculos con los paramilitares de ultraderecha, que libraron una sangrienta y cruel lucha clandestina con las guerrillas de izquierda.
Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en cambio, decidió abrir en 2018 una investigación contra el expresidente bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
Tras conocer la decisión de dejar a Uribe en libertad, Cepeda anunció en un video publicado en su cuenta de Twitter que apelará la decisión, y alegó que la fiscalía no había ofrecido «ninguna garantía para los derechos de la víctimas».
«Tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del exsenador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal», agregó el parlamentario.
Según su defensa, Uribe quiso manipular a los paramilitares que había contactado Cepeda para que cambiaran su versión y enlodaran a su cliente.
Cambio de juez
Uribe, quien siempre ha alegado inocencia, es el político colombiano más influyente del siglo y, a la vez, el primer exmandatario detenido en la historia de Colombia.
Uribe granjeó buena parte de su popularidad a raíz de la política de mano dura que implementó contra las guerrillas de izquierda, en el marco de un conflicto armado de más de medio siglo que aún perdura.
Sin embargo, su gobierno también se vio empañado por violaciones de los derechos humanos y abusos de la fuerza publica en su lucha antisubversiva.
Tras su salida de la presidencia, lideró desde el Congreso las banderas de la derecha opuesta al acuerdo de paz firmado con la exguerrilla FARC en 2016.
Por eso, aunque solo el parlamento puede investigar a los expresidentes colombianos, Uribe cayó bajo la jurisdicción de la Corte Suprema, con la que sostuvo varias controversias y a la que acusa de parcialidad.
Al renunciar al Senado, el expediente contra Uribe quedó en manos de la fiscalía, que será la encargada de investigarlo tanto por los presuntos nexos con los paramilitares de ultraderecha como por las maniobras contra Cepeda.
La fiscalía está a cargo de Francisco Barbosa, quien llegó al cargo luego de ejercer como alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales del presidente, lo que a juicio de los críticos de Uribe le resta independencia.
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