Lima (AFP) – El octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori se quedará en Perú una vez que salga de prisión, aseguró el viernes su hija Keiko Fujimori, quien descartó que su padre se marche a Japón, el país de sus ancestros.
«Se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos, [porque] su salud es frágil», dijo a la prensa la mayor de los cuatro hijos del expresidente (1990-2000), tras visitarlo en la cárcel.
Un eventual viaje de Fujimori a Japón fue evocado por la prensa limeña luego que el Tribunal Constitucional (TC) acogió el jueves un hábeas corpus y ordenó que sea liberado, al restituirle un indulto humanitario otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después.
Fujimori tiene nacionalidad japonesa. En el año 2000, en medio de una crisis política, huyó a Tokio y renunció por fax a la presidencia desde allá. Luego se radicó, contrajo matrimonio con una empresaria nipona y llegó a postularse sin éxito al Senado japonés.
«No sabemos los tiempos para su libertad aún, ojalá sea hoy [viernes], pero puede ser el lunes o martes», agregó Keiko Fujimori.
Para que salga en libertad el TC tiene que notificar al servicio penitenciario, trámite que demora unos días.
La líder opositora acudió el viernes a la cárcel a llevarle ropa, alimentos y medicinas a su padre, de 83 años, que cumple una sentencia de 25 años desde 2007.
«Mi padre es un hombre mayor y enfermo, tiene fibrilación auricular y fibrosis pulmonar», había dicho su hija el jueves cuando recordó los problemas de salud del patriarca del clan Fujimori.
«Humanitariamente, Alberto Fujimori no merece morir en la cárcel», expresó su médico de cabecera y parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga.
Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y de La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno en el marco de la guerra contra el terrorismo.
El TC tomó la decisión al acoger un hábeas corpus presentado por el abogado Gregorio Parco en 2020, lo que desató manifestaciones en las calles de Lima a favor y en contra de la medida.
Indultado en vísperas de Navidad en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski alegando razones humanitarias, en octubre de 2018 la justicia peruana anuló la decisión y regresó a prisión en enero de 2019.
