México (AFP) – La justicia dio este miércoles un respiro a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex y principal implicado en México por el caso Odebrecht, al suspender temporalmente una orden de detención exigida por la fiscalía general por usar ilegalmente fondos de la compañía.
Una jueza en Ciudad de México admitió la demanda con que la defensa de Lozoya pide suspender cualquier orden de captura hasta que las autoridades que la solicitan presenten un informe que lo justifique, por el caso de la cuestionada compra de una planta de fertilizantes envejecida y en desuso.
La jueza concedió un plazo de 15 días para recibir los informes y fijó para el 24 de junio la audiencia para definir si otorga o no el amparo.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, explicó más temprano a la cadena Televisa que «el delito fundamental» de Lozoya «es el uso ilegal de fondos que vienen de una situación que no es legítima», aludiendo a la compra que autorizó cuando dirigía Pemex.
Lozoya, un cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), renunció a Pemex en medio de acusaciones de haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht que se destinaron a la campaña presidencial de su antiguo jefe. El exfuncionario aseguró ser inocente de esta.
Otro de los implicados en el caso, el directivo de la siderúrgica Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien vendió la planta, fue detenido este martes por la policía española en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando iba a abandonar el país.
– «Cadena delictiva» –
Lozoya aceptó pagar cerca de 500 millones de dólares por una planta de fertilizantes, un precio excesivo en vista del mal estado de sus instalaciones, según el gobierno y expertos de la industria.
Según investigaciones del medio Quinto Elemento Lab, Ancira envió dinero a Lozoya mediante transacciones financieras que involucran cuentas bancarias pertenecientes a Odebrecht.
La fiscalía mexicana no ha dado detalles al respecto ni ha señalado a Odebrecht como parte de su investigación.
Gertz explicó que la acusación contra Lozoya surgió de una denuncia del apoderado legal de Pemex, quien señalaba una serie de daños patrimoniales a la empresa producto de una «cadena delictiva» que la fiscalía investiga desde marzo.
El fiscal general dijo desconocer el paradero de Lozoya: «Ojalá y lo supiera», afirmó el fiscal, pese a que Javier Coello, abogado defensor del expresidente de Pemex, ha dicho que su cliente está en México.
Gertz agregó que la investigación los llevará a investigar también las conductas de los miembros del consejo directivo de Pemex, responsable de las decisiones corporativas, y que es integrado por los ministros de Hacienda, Energía y Economía.
«Estamos hablando de todos aquellos miembros del consejo que en el momento en que se llevaron a cabo estas operaciones hayan estado presentes y hayan dado su voto», dijo el fiscal.
Consultado sobre si el expresidente Peña Nieto está entre los investigados, el fiscal respondió: «Él no es miembro del consejo de administración».
– AMLO: «No hay persecución política» –
En tanto, el presidente López Obrador afirmó que la eventual investigación de altos funcionarios de la administración anterior es «asunto de la fiscalía general».
«Puedo decirles que no hay persecución política, son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces», dijo el mandatario en su habitual conferencia matutina.
«No es mi fuerte la venganza (…) nunca he visto al señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex», agregó.
El fiscal Gertz reveló también que Ancira huyó de México por carretera y se trasladó luego a Nueva York, donde acompañado de un grupo de personas, hizo reservas en un vuelo comercial al que no se presentó y tomó luego un avión privado hasta Palma de Mallorca.
Con ayuda de la Interpol, se contactó a la policía española, que lo detuvo.
Su defensa en España intentó obtener su libertad bajo fianza, la cual fue rechazada debido al riesgo de fuga. Permanece detenido a la espera del proceso de extradición cuyo plazo es de 45 días, detalló Gertz.
