Managua (AFP) – Una delegación de diputados del Parlamento Europeo concluyó este sábado una visita a Nicaragua con la recomendación de «un diálogo interno urgente» ante la crisis política que vive la nación centroamericana.
«Nicaragua vive una grave crisis de democracia, de libertades y de derechos humanos (…) y necesita un diálogo interno urgente», dijo el jefe de la delegación, el español Ramón Jáuregui.
Protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril en Nicaragua contra una reforma de la seguridad social y derivaron pronto en un llamamiento para la renuncia del presidente Daniel Ortega, que lleva 11 años en el poder y a quien sus rivales acusan de corrupción y de instaurar una dictadura familiar.
Los parlamentarios europeos desestimaron el alegato del gobierno de que fue víctima de un intento de golpe de Estado. «No creemos en esa tesis; nos parece especulativa y falsa», dijo Jaurégui en conferencia de prensa.
Los diputados dijeron coincidir con la versión de organismos internacionales de derechos humanos de que hubo «una represión desproporcionada» que provocó cientos de muertos, heridos y desaparecidos, según Jáuregui.
Durante la visita de cuatro días, los parlamentarios se reunieron con el presidente Ortega, representantes de su gobierno y miembros de la sociedad civil, y fueron a la cárcel donde hablaron con algunos manifestantes presos.
Hay una fractura social, como si existieran dos Nicaraguas, y «el extremismo entre las dos avanza de manera peligrosa», sostuvo el diputado. Aunque en los oposición hay voluntad de luchar de forma pacífica «los riesgos de una guerra interna no son despreciables», añadió.
«Esto no lo digo yo, sino una carta del magistrado Rafael Solís, que me parece una voz autorizada», dijo Jáuregui en alusión a la renuncia del juez Solís el 8 de enero donde hizo una serie de denuncias sobre el gobierno de Ortega.
Los nicaragüenses «necesitan reconocerse, negociar las condiciones de la democracia (…) donde puedan convivir» a través de un diálogo que este centrado en reformas al sistema electoral que respete la voluntad de los ciudadanos.
Los legisladores, que declararon la disposición de la Unión Europea (UE) de ayudar en ese proceso, hicieron recomendaciones para que se inicien las conversaciones, aunque no se plantearon una fecha ni condiciones a las partes.
Entre las sugerencias para dar paso al diálogo están que el gobierno permita el retorno al país de los organismos de derechos humanos que han sido expulsados.
También plantearon que sean liberados los manifestantes detenidos durante las protestas, petición a la que Ortega «no ha sido nada insensible y nos parece un gesto extraordinario» en caso que se dé, añadió.
Organismos de derechos humanos estiman entre 600 y 750 los detenidos durante las protestas; el gobierno solo reconoce 340 y no los considera presos políticos, sino responsables de delitos punibles.
