Madrid (AFP) – La Audiencia Nacional española inició este lunes el juicio contra el coronel salvadoreño Inocente Montano, para quien la fiscalía pide 150 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989.

Largamente esperado tanto en El Salvador como en España, de donde procedían cinco de los religiosos, el juicio quedó interrumpido poco después de empezar por el sobreseimiento de un segundo acusado, el teniente René Yusshy Mendoza, subordinado del coronel retirado.

La defensa de este teniente arrepentido, que había colaborado con la justicia española desde el inicio de la causa, alegó que los presuntos delitos habían prescrito cuando se inició la causa contra él y, con el beneplácito de todas las partes, el tribunal lo absolvió.

También los magistrados acordaron aplazar el proceso hasta el miércoles a las 08H00 GMT cuando empezará el interrogatorio al septuagenario coronel. La vista debe alargarse durante diez sesiones hasta el 16 de julio.

Mendoza, actualmente residente en Chile y conectado a la sala por videoconferencia, fue citado para declarar presencialmente como testigo el 7 de julio si la pandemia del coronavirus lo permite.

150 años de cárcel

Viceministro salvadoreño de seguridad pública entre 1989 y 1992, Montano apareció en el tribunal con un jersey a rayas grises y blancas y luciendo una mascarilla, como tienen que hacer abogados y acusados en los juicios celebrados en España durante la pandemia.

El coronel retirado se encuentra en prisión preventiva desde su extradición en noviembre de 2017 desde Estados Unidos, donde residía y estuvo dos años encarcelado.

La fiscalía solicita para él 150 años de cárcel por cinco «asesinatos terroristas», los correspondientes a los sacerdotes españoles.

Según el ministerio público, Montano participó «en la decisión, diseño o ejecución del asesinato» y constituyó junto a otros militares «una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población».

La prescripción no le es aplicable porque el procedimiento contra él comenzó antes de extinguirse los 20 años marcados por la justicia española, que inició en 2009 la investigación contra los presuntos implicados en base al principio de justicia universal.

Montano es el primero en llegar a juicio por la matanza acontecida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), pues la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña rechazó la entrega de los militares que se encontraban aún en el país.

La acción fue ejecutada por el ahora proscrito batallón Atlacatl que tirotearon a los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López y a la mujer y la hija del guardián de la universidad, Elba y Celina Ramos.

‘Combatir la impunidad’

En un comunicado, los jesuitas en España señalaron que la repercusión internacional de la matanza de los llamados «mártires de la UCA» causó «cambios en la situación de El Salvador, y contribuyó a acabar con la impunidad».

«Sin embargo, la revisión del pasado no fue ni exhaustiva ni restauradora (…) Más de treinta años después todavía no se ha hecho justicia. El juicio se tiene en España porque no ha habido modo de que llegue a celebrarse en El Salvador. Ojalá se pueda poner luz sobre lo ocurrido entonces», dijo la compañía.

El abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, señaló el proceso como «un complemento a la ausencia de justicia en El Salvador».

«Es un juicio muy importante porque se va a demostrar que es posible combatir la impunidad», afirmó a la AFP.

Antes del asesinato, los jesuitas, en especial Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, mediaron entre el gobierno y la entonces guerrilla opositora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para terminar la guerra civil iniciada en 1980.

En opinión de la fiscalía, la línea dura del ejército, Montano entre ellos, los veía como una posible resistencia a su estrategia de «guerra total» contra la guerrilla y los acusaban de ser «el cerebro del FMLN».

En 1992, el país puso fin a la guerra civil con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y la guerrilla tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

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