Bruselas (AFP) – La familia de la líder estudiantil Amaya Coppens, en prisión en Nicaragua acusada de terrorismo, mantiene la esperanza en su liberación después que su juicio se reprogramara de nuevo días antes de la reanudación de un diálogo entre gobierno y oposición.
A sus 24 años, esta estudiante belgo-nicaragüense de quinto año de Medicina en León (oeste de Nicaragua) se ha convertido en uno de los rostros visibles de los más de 700 opositores presos en el país por participar en las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega.
«Hasta ahora el gobierno no mostraba señales de querer resolver la crisis [política] que se convirtió ahora también en una crisis económica. Pero recientemente empezaron a mostrarse abiertos al diálogo», explicó a la AFP su hermano, Diego Coppens, de 27 años.
«Según el abogado de Amaya, Maynor Curtis, que también tiene muchos otros casos de presos políticos, es positivo que la audiencia haya sido reprogramada, porque las cosas podrían cambiar», agrega el joven desde la casa de su abuela en una localidad al sur de Bruselas.
Ortega convocó el jueves a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) para reanudar las negociaciones a partir del próximo miércoles 27. La oposición definió como prioridad la liberación de los encarcelados por participar en las protestas.
El mandatario, en el gobierno desde 2007, aceptó volver a la mesa de negociaciones ocho meses después de abandonarlas de forma unilateral alegando un intento de golpe de Estado para sacarlo del poder antes de culminar su tercer mandato en 2021.
Sin embargo, la prima de Amaya, Justine Coppens, subraya que, si bien se reprogramó el juicio del 28 de febrero al 1 de abril, eso «implica que el tiempo de encarcelamiento también es más largo» y sigue siendo «complicado» saber cuál será el «resultado final».
Coppens, de padre belga y madre nicaragüense, fue apresada el 10 de septiembre en su casa en León (oeste) y luego acusada por «terrorismo» y otros delitos al amparo de una cuestionada ley que criminaliza las protestas. Desde entonces se encuentra en prisión.
Diego y su hermano Santiago, de 15 años, se marcharon a Bélgica poco antes de su detención. «Se estaba volviendo realmente peligroso para nosotros, porque nuestra familia ya estaba amenazada», recuerda el benjamín.
Ambos hermanos, que reciben noticias de su hermana a través de sus padres que la visitan una vez al mes, subrayan su «intención de volver cuando la situación cambie».
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social, que evolucionó en una demanda de salida del gobierno de Ortega, un exguerrillero de 73 años, cuya represión dejó 325 muertos y más de 50.000 exiliados, de acuerdo con grupos humanitarios.
