Managua (AFP) – Los gremios empresariales de Nicaragua suspendieron este miércoles la convocatoria a una marcha el jueves en la capital, después que la policía les negó el permiso y los acusó de ser partícipes de un fallido golpe de Estado para deponer al presidente Daniel Ortega.
«Se ha tomado la decisión de suspender la convocatoria a marchar, para evitar poner en peligro la vida e integridad de los asistentes», dijeron los empresarios en un comunicado después que la policía resolvió no dar el permiso para su realización.
«Aunque estamos conscientes de que se trata de un derecho que la propia Constitución política concede a todos los nicaragüenses, sin excepción, no están dadas las condiciones de seguridad básica para el desarrollo de la misma», agregaron.
El permiso para la manifestación fue rechazado la vispera por la policía, que en una resolución dijo que «no autorizará» esas actividades a personas u organismos que «promovieron, instaron o participaron en el fallido golpe de Estado», como el gobierno califica a las manifestaciones opositoras desatadas en abril pasado.
El jefe de seguridad pública, Ovidio Hernández, argumentó en la norma que las marchas opositoras no son «nada pacíficas ni cívicas» y que los empresarios no están facultados para realizar actividades políticas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la nueva prohibición a marchar, denunciando la violación de derechos humanos.
«La prohibición de manifestaciones y la estigmatización de los convocantes constituye una grave violación de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica», dijo la CIDH en Twitter.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana (Amcham) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) habían solicitado permiso para realizar el jueves una marcha «cívica» y «pacífica» en Managua.
Hernández acusó a los representantes de las entidades empresariales de actuar de forma «delictiva contra la Constitución, pretendiendo cambios constitucionales a través de la violencia y el terror».
La resolución acusa también a los líderes gremiales de ser «promotores, incitadores y responsables de los tranques» (bloqueos de vías) durante las protestas que estallaron el pasado 18 de abril.
Según la autoridad, los supuestos delitos cometidos por los líderes empresariales, que no fueron mencionados, están en proceso de investigación.
En setiembre pasado las autoridades declararon ilegal las protestas opositoras que no contaran con autorización, y ha negado permiso de marchar a tres organismos de la sociedad civil bajo el argumento de ser golpistas.
Las protestas antigubernamentales estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social que luego se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega, con 11 años en el poder y al que opositores señalan de actos de corrupción y de instaurar una dictadura.
Las manifestaciones fueron cediendo ante la represión gubernamental, que dejó, según grupos humanitarios, al menos 325 nicaragüenses murieron y más de 600 presos.
