Tegucigalpa (AFP) – El gobierno de Honduras decretó este miércoles la emergencia alimentaria para asistir a unas 170.300 familias que perdieron sus cosechas a causa de la sequía que golpea al llamado Corredor Seco, en la costa del Pacífico.
En Consejo de Ministros, el presidente Juan Orlando Hernández emitió un «decreto de emergencia» para «activar todas las medidas disponibles de la institucionalidad (…) y los recursos financieros para poder atender la situación» de las familias.
«La severidad de la sequía en el Corredor Seco, donde tenemos muchas familias con cultivos de subsistencia, nos obliga a tomar decisiones en beneficio de esta población dañada por la escasez hídrica», dijo en rueda de prensa el secretario del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Lisandro Rosales.
Los ministros llamaron a la comunidad internacional a contribuir para entregar «raciones alimenticias que incluyen 17 productos de la canasta básica» a los afectados por la sequía.
El ministro de Agricultura, Mauricio Guevara, detalló que en el Corredor Seco, que abarca los sureños departamentos Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso y de La Paz (oeste), hay 145 municipios afectados «de leve a severamente» por la falta de lluvias, 74 afectados «severamente», 34 con daños «moderados» y 37 con «leve» deterioro.
En los 74 municipios severamente afectados viven 65.500 familias que desde el viernes anterior empezaron a recibir un bono de seguridad productiva que consiste en insumos para que cultiven en la postrera, el segundo ciclo productivo del año, añadió el funcionario.
Guevara pronosticó que la siembra de postrera no será «muy buena» por la falta de lluvias, por lo que las autoridades acordaron distribuirles alimentos.
El Sinager precisó en un comunicado en 170.300 las familias están afectadas.
La canciller María Agüero anunció una convocatoria a la comunidad de países y organismos cooperantes para solicitar ayuda alimentaria para las familias necesitadas.
Agüero indicó que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondos de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) están respaldando la acciones del gobierno.
