San Salvador (AFP) – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una ley para establecer un nuevo registro de víctimas de la masacre de El Mozote cometida por el ejército contra cerca de 1.000 personas hace 40 años, durante la guerra civil (1980-1992).
La norma, que tendrá una vigencia de tres años, tiene como objetivo «honrar la memoria» de las personas contra las que se cometieron «crímenes de lesa humanidad», consignó en un comunicado el Parlamento, controlado por los aliados del presidente Nayib Bukele.
La legislación busca «facilitar la tramitología» para que los sobrevivientes puedan demostrar su identidad o el parentesco con las víctimas, lo que les permitirá acceder a las reparaciones dispuestas en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte-IDH), el 25 de octubre de 2012.
Al condenar al Estado salvadoreño, la Corte le ordenó pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial a las víctimas de ejecución extrajudicial, a quienes sobrevivieron y a familiares de víctimas.
El Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) será remitido al ministerio de Gobernación y estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por delegados de instituciones del Estado y asociaciones de víctimas.
La matanza ocurrió entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, cuando unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -adiestrado por Estados Unidos-, lanzaron la denominada «Operación Rescate» contra la población del noreste del departamento de Morazán.
El gobierno de El Salvador estableció en 2017 que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes.
Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona. El conflicto en El Salvador dejó más de 75.000 muertos, al menos 7.000 desaparecidos y miles de desplazados.
La Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las masacre de El Mozote y lugares aledaños fue aprobada por 64 de 84 diputados.
