Rionegro (Colombia) (AFP) – Mientras el mundo consume la cocaína que Colombia produce por toneladas, un senador quiere arrebatarle el negocio a los narcos para dárselo al Estado y detener así el desangre de su país. Todo, mediante un inédito y audaz proyecto de ley.
Iván Marulanda, del Partido Alianza Verde (centro), ha pagado una cuota alta en la «fracasada» lucha contra las drogas que impuso Estados Unidos, el mayor consumidor de polvo blanco.
En los ochenta sobrevivió a dos atentados de los carteles que corrompían o mataban a quienes los denunciaban. Varios amigos políticos suyos no corrieron con la misma suerte y cayeron baleados.
A sus 74 años, consciente de la «sangre» que provoca esa guerra en el país que más abastece el mercado mundial de cocaína, radicó el 25 de agosto una propuesta de ley para que el Estado se ocupe de la producción hasta la distribución de la cocaína, pasando por el cultivo de la materia prima.
La iniciativa deberá pasar por cuatro votaciones antes de convertirse en ley, y vencer muchas resistencias, empezando por la del gobierno.
«Lo que más me satisface es abrir (…) un nuevo espacio de reflexión para enfrentar un problema que lleva 40 años de fracasos», afirma a la AFP en su finca en el municipio de Rionegro (noroeste).
Para Marulanda, el prohibicionismo ha sido contraproducente. En Estados Unidos, los consumidores pasaron de ser el 2,2% de la población en 2010, al 2,6% en 2018, mientras la Unión Europea reconoció esta semana que nunca había ingresado tanta cocaína como ahora.
En tanto que Colombia – añade el senador – invirtió entre 2000 y 2015 unos 1.200 millones de dólares por año en la lucha antinarcóticos, pero los cultivos pasaron de 86.000 hectáreas en 2005 a 154.000 en 2019.
Marulanda considera que es momento de romper el tabú y legalizar la cocaína en Colombia, sacudida por una brutal ola de masacres que este año dejan al menos 246 muertos y que el gobierno vincula en su mayoría con grupos financiados por el narco, según el observatorio independiente Indepaz.
Aquí extractos de la entrevista:
¿Por qué radica este proyecto siendo víctima del narcotráfico?
El mayor fracaso de mi vida es ver a mis compañeros asesinados en esa guerra contra el narcotráfico (…) Yo sigo luchando (…) pero por otros caminos, por el camino de arrebatarles el negocio, arrebatarles los consumidores, la materia prima, de tal manera que desaparezca la criminalidad organizada.
La lucha no es contra la cocaína, o contra las sustancias psicoactivas, es contra el narcotráfico (…) y esta es una manera de asfixiarlo.
¿Cuánto le cuesta al Estado?
Hoy nos cuesta cuatro billones (de pesos anuales, unos 1.000 millones de dólares) la erradicación de la coca. Más toda la violencia que genera ese combate contra el narcotráfico (…) y el sufrimiento de (al menos) 200.000 familias (cocaleras).
Si compramos la hoja de coca, la cosecha completa, a precios del mercado nos cuesta solamente 2,6 billones (unos 674 millones de dolares), allí hay una utilidad fiscal.
Pero, sobre todo, hay una utilidad en sangre, en violencia, en evitarnos la corrupción que se deriva de todo este tráfico ilegal.
¿Qué propone exactamente?
Entregarle a las comunidades indígenas (…) la producción (de la hoja de coca) para sus alimentos, productos de uso medicinal, bebidas como el té, de cosméticos.
Por otro lado, producir cocaína para los consumidores colombianos, que la consumen en sus derechos constitucional y legal (…) Pero una cocaína certificada de buena calidad, sin rastro de sangre, sin rastro de ilegalidad y bajo una supervisión médica para aquellos consumidores que necesiten ayuda.
No descarto que haya países que quieran implementar políticas de salud pública con cocaína que les subministre el Estado colombiano.
Finalmente, lo que sobre de esa hoja de coca se va a destruir, bien sea para producir abono o simplemente se quema.
¿Y la reacción de los narcotraficantes?
Hay un problema muy grave que no podemos ocultar, y es que esas organizaciones criminales que hacen el narcotráfico internacional son muy poderosas. Desde el punto de vista armado, desde el punto de vista económico.
Van a tratar de que esta ley no tenga éxito, porque no les conviene. Ellos tienen la manera de influir en las políticas de este país.
El Estado tendrá una confrontación muy fuerte con algunas de esas organizaciones criminales, que de todas maneras la tenemos (…), pero ahora con la ventaja de que ya no tendrían esa fuente de recursos.
¿Colombia puede lanzarse sola a esta cruzada por la legalización?
Yo sí creo, porque ya se ha abierto el tema del cannabis en Canadá, en Estados Unidos, en Portugal (…) Hay un espacio para pensar en forma autónoma en los intereses del país.
Sobre todo de Colombia, que es un país que ha sufrido tanto, mucho más que los demás, porque es el país gran productor de cocaína.
El señor (Donald) Trump no ha sido el más respetuoso de los tratados internacionales (…) Entonces digamos que allí no hay una autoridad moral que le pueda decir a Colombia que no tiene derecho a tomar sus propias decisiones.
