Nueva York (AFP) – La resistencia de los periodistas y la falta de resultados a la hora de proteger al gremio, independientemente del partido gobernante en México, son algunas de las conclusiones de un estudio sobre la situación de la prensa en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de esta profesión.
«No importa quién esté en Los Pinos (palacio presidencial). Siguen las agresiones a periodistas», denuncia a la AFP Celeste González de Bustamante, que junto con Jeannine E. Relly, han realizado un estudio de la violencia contra la prensa en las zonas periféricas del país.
«Pensábamos cuando empezamos esta investigación (hace 10 años) que la situación iba a mejorar con los años pero no ha sucedido. Al contrario, las agresiones se han incrementado». Y eso pese al arsenal legislativo federal y estatal y la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en 2010.
Plasmado en el libro «Surviving Mexico» (Sobrevivir en México), por el momento solo en inglés, las autoras han llegado a la conclusión de que el crimen organizado cuenta con la protección de funcionarios públicos y algunas empresas periodísticas.
Sin embargo, los periodistas, la mayoría situados en la «periferia extrema», tienen que protegerse mientras tratan de exponer a la luz del día la corrupción y la criminalidad.
Desde 1992, 60 informadores han muerto en México y otros 15 están desparecidos, según el Comité para la Protección de Periodistas. En lo que va de año, 3 informadores han muerto y las amenazas y secuestros es una constante en el día a día de muchos.
Las autoras, que iniciaron su trabajo de campo hace una década, en el fragor de una ola de violencia sin precedentes, decidieron centrarse en los «periodistas de la periferia».
160 entrevistas a periodistas, activistas y académicos después ponen de manifiesto que «¡hay tanta corrupción e impunidad y tanto miedo!», que simplemente participar en una marcha con periodistas «te puede poner en riesgo», asegura por teléfono Celeste González.
«Los periodistas a los que matan viven en condiciones extremas en términos económicos y capacitación y eso los hace más vulnerables porque trabajan en zonas donde no tienen apoyo popular», dice esta profesora de periodismo y directora del centro de periodismo de frontera y global de la Universidad de Arizona.
Solidaridad –
La desconfianza que han generado años de ponerse de lado del poder político y económico han cavado el distanciamiento de la población con el gremio.
«Es una gran deuda que tienen que recuperar» los medios de comunicación, dice.
La otra cara de la moneda es que como resultado de las agresiones «hay más solidaridad» entre los periodistas que se han organizado en redes de apoyo.
«Las redes de solidaridad en el medio periodístico» se han convertido en aliados de los profesionales en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, situado en el puesto 143 de 180, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras.
Estas redes han permitido desde «protegerse a sí mismos como periodistas, enseñar cómo proteger una fuente, la ética en la profesión o a escribir mejor a cómo manejar una información, cuándo publicar nombres o no o cómo verificar la información», dice.
A ello se suma una mejor capacitación de los informadores.
Pero no hay que hacerse ilusiones. Cuidarse y vigilar su entorno es una constante y «a veces el día a día es tan grave que tienen que salir de su ciudad o irse del país», recuerda.
Ante la impunidad en que quedan la mayoría de los asesinatos de informadores en el mundo, tres grandes organizaciones de defensa de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, Free Press Unlimited (FPU) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acaban de anunciar la creación de un tribunal para investigar los asesinatos de periodistas y pedirá cuentas a los gobiernos considerados responsables de esos crímenes.
Compuesto por juristas internacionales, este «tribunal» celebrará su primera audiencia el 2 de noviembre en La Haya (Holanda) para tratar tres casos, entre ellos el del periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco, asesinado en 2011.
