Washington (AFP) – Estados Unidos acusó de lavado de dinero e impuso sanciones económicas a dos allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su presunta vinculación con los apagones que colapsaron el país en marzo, informaron este jueves autoridades.
Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez fueron acusados de utilizar bancos de Florida para lavar las ganancias de sobornos obtenidos de compañías estadounidenses que recibieron contratos por más de 60 millones de dólares con la empresa estatal venezolana Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) entre 2016 y 2018, dijo el Departamento de Justicia.
Motta era el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y presidente de Corpoelec, en tanto Lugo, actual viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas del ministerio de Energía Eléctrica, era director de adquisiciones de Corpoelec, indicó la fiscalía en un comunicado.
Maduro reemplazó en abril al general en retiro Motta, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2015, luego de cortes de electricidad que paralizaron el país y que el exministro atribuyó a sabotajes de la oposición.
Motta y Lugo fueron acusados este jueves luego de que dos empresarios, Jesús Ramón Veroes de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad de Miami, se declararon culpables el lunes ante una jueza federal de haber pagado sobornos a los dos funcionarios de Corpoelec a cambio de jugosos contratos. Sus sentencias están programadas para el 4 de septiembre.
Según los acuerdos de declaración de culpabilidad, Veroes y Chacin deberán entregar unos 5,5 millones de dólares en ganancias de los contratos obtenidos de manera corrupta, así como también bienes raíces en el área de Miami, dijo el Deprtamento de Justicia.
– Equipos «incompatibles» –
El gobierno de Donald Trump también sancionó a Motta y a Lugo por «corrupción significativa y fraude en detrimento del pueblo venezolano», dijo el Departamento del Tesoro.
Esto implica la congelación de todos los bienes y activos que pudieran tener en Estados Unidos, así como la prohibición de hacer negocios con personas y empresas estadounidenses.
Según el Tesoro, los sobornos recibidos para adjudicar los costosos contratos de equipamiento y mantenimiento a compañías estadounidenses se referían a equipos «incompatibles» con la red eléctrica venezolana, «lo que los hacía inútiles y contribuían al deterioro continuo del sistema».
«A medida que la corrupción se extendía por Corpoelec, los altos funcionarios continuaron exacerbando la mala gestión vinculada con la infraestructura eléctrica venezolana e ignoraron su responsabilidad para con el pueblo venezolano», dijo el Tesoro.
Las autoridades estadounidenses no informaron del paradero de Motta, de 60 años, ni de Lugo, de 55.
El Departamento de Estado destacó que «estas personas han estado involucradas en corrupción rampante», atribuyéndoles directa responsabilidad en el deterioro y fallo del sistema eléctrico venezolano.
Según el gobierno estadounidense, los venezolanos han sufrido más de 23.860 cortes de electricidad este año por «corrupción y mala gestión» de Maduro y sus funcionarios.
«Estados Unidos toma estas medidas para responsabilizar a los funcionarios del régimen por la miseria que infligen al pueblo venezolano», dijo el Departamento de Estado, prometiendo seguir apelando a todas las herrramientas económicas y diplomáticas para propiciar «una transición democrática» en el país.
Washington encabeza desde enero la presión internacional para sacar del poder a Maduro, a quien considera un «dictador» y culpa de la debacle económica de Venezuela, otrora una potencia petrolera.
Para esto, aplicó una batería de sanciones contra el mandatario y sus funcionarios y exfuncionarios, así como una suerte de embargo petrolero, y apoya los esfuerzos del líder opositor y jefe parlamentario, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, para organizar nuevas elecciones.
