Washington (AFP) – El Departamento estadounidense del Tesoro sancionó este viernes al poderoso dirigente venezolano Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), en un aumento de la presión a Venezuela a dos días de elecciones presidenciales.
Cabello, apuntado como uno de los hombres más influyentes de su país, fue acusado por el Tesoro de participar en diversas actividades de corrupción, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y apropiación de fondos públicos.
En una extensa nota oficial, el Departamento del Tesoro anunció asimismo sanciones contra tres allegados del dirigente, con los que habría formado una «red de corrupción»: su hermano José David, su esposa Marleny Contreras, y el empresario Rafael Alfredo Sarria.
Según el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, «Cabello aprovechó su cargo oficial para participar en tráfico de drogas, lavado de dinero, apropiación de fondos estatales y otras actividades de corrupción».
De acuerdo con el Tesoro, en septiembre de 2017 el dirigente venezolano y su hermano José David «aprobaron un sistema de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas que tenían como objetivo la estatal PDVSA».
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El papel de Sarria, afirmó el Tesoro, habría sido «lavar dinero de funcionarios venezolanos mediante la compra de propiedades desde el año 2010», operaciones en las que operaba como «testaferro» de Cabello.
«Los dos tenían una relación comercial desde por lo menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades en Florida que estaban registradas a su nombre», apuntó el Tesoro.
– Presión constante –
Por ello, las sanciones de este viernes engloban también a tres empresas con sede de Miami «que son de propiedad o son controladas» por Sarria.
Contreras, en tanto, es la actual ministra del Poder Popular para el Turismo, y por ello fue incluida en la lista de sancionados por el Tesoro.
Con estas sanciones, las propiedades o bienes que Cabello y sus allegados posean en Estados Unidos resultan congeladas, en tanto se les prohíbe establecer relaciones comerciales con firmas o ciudadanos estadounidenses.
Las sanciones reflejan el «compromiso» de Washington de «usar cada medio diplomático o económico disponible» para responsabilizar a los «dirigentes corruptos».
«Las sanciones no precisan ser permanentes; tienen por objetivo cambiar comportamientos», afirmó el Tesoro en su nota.
Con la sanción a Cabello prácticamente ya no quedan dirigentes venezolanos de importancia fuera de la mira del Departamento del Tesoro, que en meses recientes ha apretado considerablemente las clavijas al gobierno de Maduro.
En marzo el Tesoro prohibió a los estadounidenses negociar el petro, la criptomoneda lanzada por Venezuela.
De acuerdo con la Agencia de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a inicios de mayo la lista de venezolanos sancionados ya llegaba a 62 personas y 15 entidades.
– Coyuntura crítica –
El último anuncio de sanciones estadounidenses ocurre en momentos en que Venezuela se encuentra en la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del domingo, comicios que Washington había pedido que se suspendan.
El presidente, Nicolás Maduro, es favorito en una disputa que incluye al opositor Henri Falcón, un disidente del chavismo, y el pastor evangélico Javier Bertucci.
La oposición venezolana, que llamó a la abstención, y buena parte de la comunidad internacional cuestionan la transparencia del comicio y muchos han advertido que no reconocerán los resultados.
A inicios de este mes, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, había instado a la comunidad internacional a seguir «aislando a Maduro hasta que ceda».
Este mismo viernes el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo no tener «ninguna duda» de que las elecciones del domingo contarán con garantías básicas.
«Vamos a estar en los colegios electorales constatando si los venezolanos votan libremente, yo no tengo ninguna duda de que votan libremente», señaló Zapatero, quien está en Venezuela como observador invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
