Washington (AFP) – Estados Unidos impuso el jueves sanciones financieras contra Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, acusado de corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense.
Las medidas se enmarcan en la campaña de «presión máxima» que Washington lleva adelante contra Managua para propiciar la salida del poder de la dupla Ortega-Murillo, a la que señala de actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
«Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.
El Departamento del Tesoro dijo que Ortega Murillo fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al igual que dos empresas bajo su égida: Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A..
Según las autoridades estadounidenses, Ortega Murillo ha usado estas compañías «para generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega».
Además, la OFAC sancionó a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de servicio gestionada por Ortega Murillo y su madre, la vicepresidenta y primera dama.
«La DNP fue comprada con dinero público y luego transferida a la familia Ortega, y se ha beneficiado de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales», dijo el Tesoro.
A principios de 2019, Ortega Murillo diversificó los activos de su familia comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros para eludir las sanciones contra el gobierno de sus padres, apuntó.
Las sanciones del Tesoso suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
– Un clan en la mira de Washington –
Rafael Ortega Murillo no es el único hijo de la pareja presidencial sancionado por Estados Unidos. En abril pasado, su hermano Laureano se convirtió en el segundo miembro del clan en ser incluido en la lista negra, después de su madre Rosario.
Ortega, en el poder desde 2007, fue uno de los líderes de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1936-1979), pero ahora es acusado de instaurar una dinastía nepotista y corrupta junto a su esposa, su vicepresidenta desde 2017 y gobernante en las sombras desde hace años.
La pareja presidencial ha criado a diez hijos, la mayoría de los cuales ocupan cargos importantes en el gobierno, el sector empresarial y los medios de comunicación.
Ortega, de 74 años, fue reelegido en cuestionados comicios en 2016 para un mandato que debe concluir en 2022.
Pero en abril de 2018, un gran movimiento de protesta contra una reforma de la seguridad social derivó en llamados a adelantar las elecciones.
Los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se extendieron por meses, dejaron al menos 328 muertos, cientos de encarcelados y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese contexto, Estados Unidos, que considera a Nicaragua parte de la «troika de la tiranía» que integran Cuba y Venezuela y promueve elecciones «anticipadas, libres y transparentes», ha sancionado a más de una decena de funcionarios, muchos junto a Canadá.
Además, Washington aprobó hace un año la ley denominada Nica-Act, que restringe el acceso de Managua a créditos de organismos multilaterales.
En octubre, la Unión Europea también amenazó con castigar a los líderes nicaragüenses por violaciones de los derechos humanos, y pidió al gobierno que reanude el diálogo con la oposición
