Washington (AFP) – El gobierno de Estados Unidos sancionó el miércoles a 13 exmilitares salvadoreños por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres hace 30 años durante la guerra civil en El Salvador, una decisión aplaudida por la oposición demócrata en el Congreso.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dispuso que, por «violaciones graves de los derechos humanos», se denegará la visa a estos exmilitares, a quienes involucró en la ejecución extrajudicial de los prelados y sus colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador en 1989.
Los afectados son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.
El Departamento de Estado dijo que la prohibición de ingreso a Estados Unidos también alcanza a los familiares directos de estos exmilitares, cuyos rangos que van de generales a soldados.
«Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales», dijo Pompeo en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aunque el gobierno de Donald Trump valora la relación actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para abordar los abusos de los derechos humanos y alentar la rendición de cuentas, «sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró».
La matanza en la UCA tuvo lugar en el marco de una violenta ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), impulsada por el fallecido líder cubano Fidel Castro durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).
Mientras el FMLN recibía el apoyo cubano, nicaragüense y de la desaparecida Unión Soviética, Estados Unidos brindaba una millonaria asistencia militar y económica al gobierno local, convirtiendo a El Salvador en un frente de la confrontación Este-Oeste en los últimos años de la Guerra Fría.
En ese contexto, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.
– «El lado correcto de la historia» –
El legislador estadounidense demócrata Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, alabó el paso dado por la administración Trump, señalando que pone a Estados Unidos «en el camino hacia el lado correcto de la historia».
«Estas sanciones son especialmente importantes porque hay un movimiento dentro de El Salvador para buscar justicia en el caso de quienes ordenaron, planearon e intentaron encubrir estos asesinatos», señaló en una declaración, subrayando la importancia de no olvidar estos «crímenes atroces».
McGovern dijo que el listado de los sancionados incluye a todos los oficiales de alto mando nombrados en el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, excepto por René Emilio Ponce, ya fallecido.
El 16 de noviembre pasado, al cumplirse 30 años de la masacre, centenares de salvadoreños denunciaron la impunidad que persiste sobre el caso, en el marco de conmemoraciones en la UCA.
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.
En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.
Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano. Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcelado por esta causa.
La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
