Washington (AFP) – Estados Unidos puso este lunes punto final al Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés) para unos 200.000 salvadoreños, que tienen hora 18 meses adicionales para hallar otra forma de regularizar su situación o irse del país.
El TPS para los salvadoreños había sido adoptado por Estados Unidos después del terremoto de 2001, pero la decisión de la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, considera que están dadas las condiciones para que El Salvador reciba de vuelta a estas personas.
El Salvador respondió de manera tímida, enfocándose menos en la amenaza de deportación y más en la prórroga de 18 meses. En una nota, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén agradeció a Estados Unidos por «este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y de cooperación que mantienen como socios históricos».
«Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible (…) la Secretaria de Seguridad Interna determinó que las condiciones originales causada por el terremoto de 2001 ya no existen», dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés).
Por ello, añadió, «la actual designación de TPS (para los salvadoreños) debe ser extinta».
La misma fuente apuntó que para «garantizar una transición ordenada» las autoridades determinaron un plazo hasta el 9 de septiembre del próximo año.
Ese período «proporcionará a individuos con TPS tiempo para arreglar detalles para su partida o para buscar otro estatus migratorio legal en Estados Unidos caso sean elegibles».
– Escenario de incertidumbre –
Este cuadro abre un escenario de enorme incertidumbre para decenas de miles familias de salvadoreños que eran beneficiarias del TPS y tuvieron hijos en Estados Unidos, de forma que estos últimos son ciudadanos estadounidenses.
El canciller de El Salvador dijo a periodistas en Washington, mediante una videoconferencia, que su gobierno ahora centrará todas sus energías a negociaciones con el Congreso de Estados Unidos.
«Tenemos ahora 18 meses para trabajar insistentemente y conversar con el Congreso de forma de hallar un solución para nuestra gente. Nuestra apuesta es que prácticamente todos ellos puedan permanecer en Estados Unidos», dijo el jefe de la diplomacia salvadoreña, Hugo Martínez.
El canciller dijo que existen en la actualidad poco más de 195.000 ciudadanos salvadoreños bajo protección del TPS. Ese número llegó en un momento a más de 260.000, «pero hubo compatriotas que pasaron a otro estatus migratorio en Estados Unidos y otros que simplemente perdieron la protección».
Oficialmente viven en Estados Unidos 1,7 millones de salvadoreños, aunque estimativas extraoficiales apuntan que si se suman las personas que se encuentra en territorio estadounidense en forma irregular ese número ascendería a alrededor de 3,1 millones.
Por su parte, la embajadora de El Salvador en Washington, Claudia Canjura, dijo a periodistas que las autoridades estadounidenses ya habían explicado que el TPS era un programa de carácter temporario y que no sería posible seguir renovándolo después de 16 años.
«Esto nosotros lo hemos entendido, y somos respetuosos de las decisiones que tome el gobierno» de Washington, dijo.
El TPS, desde su concepción, tuvo un carácter de protección a personas en situación de emergencia humanitaria, pero sectores del gobierno estadounidense afirman que es apenas una fisura en la legislación que permite la inmigración en masa.
– «Cruel y sin corazón» –
El presidente del Comité Nacional Partido Demócrata, Tom Perez, denunció el fin del TPS como «una decisión cruel y sin corazón de parte de un presidente cruel y sin corazón».
Por su parte, el senador demócrata Tim Kaine apuntó en un comunicado que «nuestro país siempre ha recibido y protegido personas que precisan de refugio, pero en un año hemos visto al gobierno de Trump pisotear estos valores al demonizar inmigrantes y refugiados».
En un comunicado, los responsables del Centro Legal TODEC, en California, apuntaron que se sentían «horrorizados no sorprendidos por la acción del gobierno. La ausencia del Congreso en ese asunto afecta familias que tienen raíces en nuestro país».
A su vez, el centro de reflexión Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, de Washington) señaló que la decisión de este lunes «refuerza el programa xenófobo del gobierno, que arroja familias e individuos a la oscuridad del miedo».
En tanto, la Alianza Nacional por el TPS señaló que el Congreso «es cómplice» de esta situación «por su fracaso en definir una ley que permita residencia permanente a los beneficiarios» de la protección temporaria.
Ya el 7 de noviembre pasado el DHS decidió no renovar el TPS para unos 5.300 ciudadanos nicaragüenses, protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.
Poco después, el 20 de noviembre el DHS hizo lo mismo con la protección para unos 59.00 haitianos, en su mayoría sobrevivientes del terremoto de 2010.
