Washington (AFP) – Estados Unidos elevó el tono de voz este miércoles y anunció la adopción de sanciones económicas contra 13 funcionarios actuales o pasados de Venezuela por «minar la democracia», participar en actos de violencia y corrupción.
Se trata del tercer paquete de sanciones aplicado por Washington contra venezolanos: en febrero había incluido al vicepresidente y un auxiliar, y en mayo congeló bienes de ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
Pero estas sanciones se conocen a escasos días de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, una iniciativa impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro y cuestionada enérgicamente por la Casa Blanca, así como por la oposición venezolana y varios gobiernos europeos y latinoamericanos.
Hace una semana, el presidente Donald Trump había amenazado con sanciones «fuertes y rápidas» en caso el gobierno de Caracas siguiera adelante con la Constituyente.
De acuerdo con la normativa que rige las sanciones estadounidenses, las personas incluidas no podrán hacer tener relaciones comerciales con ciudadanos estadounidenses, al tiempo que eventuales activos o bienes que posean en territorio de Estados Unidos serán congelados.
El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó este miércoles a cuatro funcionarios por movilizarse «activamente» en favor de la Constituyente y «minar la democracia o los derechos humanos» en Venezuela.
En este grupo están el ministro de Educación, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; e Iris Varela, integrante de la comisión preparatoria de la Constituyente.
En una teleconferencia, un funcionario del Tesoro envió un claro alerta: «quien decida sumarse a la Asamblea Constituyente estará minando las instituciones y quedará expuesto a potenciales sanciones estadounidenses».
Otros cinco jefes militares y policiales fueron sancionados por su relación con actos de represión y violencia.
Son Néstor Reverol (ministro de Interior y Justicia), Carlos Pérez Ampueda (director de la Policía Nacional Bolivariana, PNB), Sergio Rivero (comandante general de la PNB), Jesús Suárez (comandante de la PNB) y Franklin García (exdirector de la PNB).
El general Reverol ya había sido en junio objeto de una moción de censura por parte de la Asamblea Nacional venezolana, por su responsabilidad en la represión.
Ya en agosto 2016 Reverol había sido fue imputado en ausencia por la fiscalía federal del distrito este de Nueva York por pagos recibidos de narcotraficantes para ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense entre 2008 y 2010.
Otros cuatro funcionarios y exfuncionarios venezolanos fueron incluidos este miércoles en el paquete de sanciones por actos de corrupción.
En este grupo están Rocco Albissini (presidente del Centro de Comercio Exterior), Alejandro Fleming (vicenciller para Europa), Simón Zerpa (vicepresidente financiero de la petrolera estatal PDVSA) y Carlos Malpica (extesorero de PDVSA).
En teleconferencia, un funcionario de la Casa Blanca apuntó que el gobierno de Trump no descarta anunciar nuevas sanciones luego de las elecciones de la Constituyente el domingo.
«Todas las opciones están sobre la mesa», dijo el funcionario, quien de esa forma dejó así entreabierta una puerta para eventuales sanciones al sector petrolero, el motor de la economía venezolana.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, señaló en un comunicado que Washington «mantendrá todas las opciones sobre la mesa, incluso sancionar a quienes se sumen a la Constituyente».
Trump había enviado a Caracas una amenaza inequívoca: «Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y rápidas acciones económicas».
