Washington (AFP) – Estados Unidos descartó el lunes la imposición de inspectores para vigilar el acatamiento de las normas laborales mexicanas en el marco del nuevo pacto comercial norteamericano T-MEC, disipando una creciente controversia en México.
La aclaración del gobierno de Donald Trump buscó superar un obstáculo de último minuto para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya versión final fue firmada el martes pasado por los tres países.
La alarma en México se disparó el fin de semana por el proyecto de ley para implementar el T-MEC presentado en el Congreso estadounidense, que establece que funcionarios estadounidenses vigilarán el cumplimiento de las normas laborales mexicanas, cuyo texto se presentó el viernes aunque sus lineamientos fueron divulgados el martes.
La cuestión de las inspecciones «no se acordó en el tratado» y surgió «de manera clandestina», dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su habitual conferencia de prensa.
Su canciller, Marcelo Ebrard, aseguró que esto «no pone en entredicho el tratado», pero se mantuvo muy firme en que México se reservará el derecho de dar el visto bueno a eventuales agregados laborales. «No aceptaremos ninguna persona, funcionario de otro país, que pretenda hacer labores que excedan las que están establecidas en la ley», dijo.
El representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, se encargó de calmar las agitadas aguas.
Tras una reunión en Washington con su contraparte mexicano, Jesús Seade, quien viajó el domingo a reunirse con él tras enviarle una carta el viernes, divulgó una misiva especificando el alcance de la iniciativa estadounidense.
Lighthizer dijo que el proyecto estipula destinar hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo a la Embajada de Estados Unidos en México para colaborar con funcionarios, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil para implementar las reformas laborales mexicanas, pero «estos agregados no serán ‘inspectores de trabajo’ y cumplirán con todas las leyes mexicanas pertinentes».
También recordó que el T-MEC dispone que paneles independientes de tres personas elegidos respectivamente por los países miembros lleven a cabo verificaciones ‘in situ’ si no se respetan los derechos laborales. Pero aclaró que «esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales».
– «Muy satisfechos» –
«Estamos satisfechos, muy satisfechos», dijo Seade tras leer la carta de Lighthizer en rueda de prensa, señalando que recibió garantías «categóricas» de su par estadounidense de que los agregados laborales estadounidenses vigilarían las condiciones del trabajo en México y proporcionarían asistencia técnica, pero «no serán inspectores laborales».
«Se ganó claridad», subrayó Seade, descartando la posibilidad de que México niegue el acceso a los agregados laborales estadounidenses. «Estoy seguro de que van a reflejar lo acordado», dijo.
Consultado sobre posibles nuevas críticas al proyecto de ley de implementación en el Congreso estadounidense, Seade afirmó: «No hay otras cosas que hayamos detectado que sean cuestionables».
El T-MEC fue sellado inicialmente el 30 de noviembre de 2018, y ratificado por México en junio de este año. Pero su confirmación en el Congreso de Estados Unidos se complicó porque los legisladores demócratas de la oposición, que controlan la Cámara de Representantes, exigieron previsiones para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses.
Tras meses de negociaciones, se acordaron enmiendas y un nuevo protocolo del T-MEC fue sellado con bombos y platillos el 10 de diciembre por los Ejecutivos de los tres países en Ciudad de México.
Esta versión final del T-MEC fue ratificada ya por el Senado mexicano el jueves pasado. Pero el trámite aún no se concretó en el Congreso de Estados Unidos, en tanto Canadá dijo que confirmará el nuevo pacto una vez lo haga Washington.
«Acabamos de terminar por segunda vez», bromeó Seade el lunes.
El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994 y considerado «el peor acuerdo comercial de la historia» por Trump, quien forzó su revisión al asumir en 2017.
