Bogotá (AFP) – El presidente Iván Duque medirá el jueves la fuerza de sus políticas cuando sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores protagonicen una gran marcha en Colombia en contra de su gobierno, que luce debilitado tras año y medio en el poder.
Con un abanico diverso de reivindicaciones y reclamos, los manifestantes colombianos se unen a la ola de descontento social, sin denominador común, que ha sacudido a Ecuador, Chile y Bolivia.
«La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo», dijo el mandatario a la radio Candela.
En calles del centro de Bogotá se observaban este martes decenas de militares que fueron desplegados por solicitud de la alcaldía, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
«Lo que se está haciendo es (…) garantizar que quien quiera manifestarse pacíficamente pueda hacerlo y para responder, si hay actos de violencia, de conformidad con la Constitución», aseguró Trujillo a Blu Radio.
La policía capitalina informó de una treintena de allanamientos que derivaron en la captura de dos personas con explosivos señaladas de provocar violencia en protestas anteriores.
Y, en un acto inusual, la autoridad migratoria ordenó el cierre de las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela hasta el viernes para evitar que extranjeros ingresen a alterar «el orden público y la seguridad».
En las últimas semanas el gobierno ha expulsado a 24 venezolanos señalados de querer infiltrar la protesta. Duque secunda a Estados Unidos en sus esfuerzos por sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.
– Reclamos varios –
Con su popularidad en rojo, el llamado paro nacional medirá el pulso de Duque, incapaz de consolidar mayorías en el Congreso y cuyo partido, el derechista Centro Democrático, encajó reveses en las elecciones locales de octubre.
La gran huelga fue convocada desde octubre por el Comando Nacional Unitario, que reúne a las principales centrales obreras, ante supuestas reformas gubernamentales para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones.
Duque niega que vaya a presentar proyectos legislativos con esos fines, aunque los ministros de Trabajo y Hacienda se han mostrado favorables a ese tipo de iniciativas.
La «protesta no tiene otra intencionalidad que presionar al gobierno (…) para que se les dé respuesta a los problemas de la clase trabajadora», dijo a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo.
A las centrales obreras, que tienen un poder de convocatoria menor al de otras de la región, se unieron universitarios que reclaman más recursos para la educación pública e indígenas que exigen protección tras la muerte de decenas de ellos en el conflictivo departamento del Cauca (suroeste).
Se suman artistas, organizaciones sociales y colectividades de oposición, como FARC, el partido surgido del pacto de paz y que condena el asesinato de 170 excombatientes que se plegaron al acuerdo.
Los movimientos de protesta hacen énfasis en su repudio a la violencia contra líderes sociales, que deja medio millar de muertos desde el 1 de enero de 2016, según el ombudsman.
Duque considera que tras la protesta hay una campaña para desatar la ira entre los colombianos: «Toda la sociedad tiene que rechazar (…) la violencia de quienes muchas veces quieren pescar en río revuelto».
El partido de gobierno, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, asegura que las movilizaciones responden a una «estrategia del Foro de Sao Paulo», que agrupa a organizaciones de izquierda, para «desestabilizar» la democracia en la región.
Desde que asumió el poder en agosto de 2018, Duque ha encarado diversas manifestaciones por sus propuestas económicas, la política de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico y su intento por modificar el acuerdo que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Aunque el gobierno prevé un PIB del 3,6% en 2019, un bálsamo frente al flojo desempeño esperado para Sudamérica, la cuarta economía latinoamericana registra uno de los índices más altos de desigualdad y desempleo de la región.
